Desde este 1 de enero de 2026, Colombia experimenta uno de los ajustes salariales más significativos de su historia reciente. El salario mínimo, denominado por el presidente Gustavo Petro como «salario mínimo vital», alcanza los $2 millones mensuales, cifra que representa un incremento del 23.1% e incluye el auxilio de transporte. Este aumento histórico tendrá efectos directos en cientos de miles de trabajadores del departamento de Cundinamarca.
El nuevo salario mínimo quedó establecido en $1.750.905 sin el auxilio de transporte, mientras que el subsidio de movilidad se fijó en $249.095, sumando en total los $2 millones mencionados por el mandatario. Hasta el 31 de diciembre de 2025, el salario mínimo se ubicaba en $1.423.500 con un auxilio de transporte de $200.000, lo que significa que el incremento nominal asciende a $376.500 mensuales para quienes devengan el mínimo.
Para los trabajadores de Cundinamarca, este ajuste representa una oportunidad de mejorar su poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente y aumento del costo de vida. Según datos del DANE, la inflación anual a noviembre de 2025 se ubicó en 5.30%, muy por encima de la meta del Banco de la República. El gobierno argumenta que, al descontar el efecto inflacionario, el aumento real en el poder adquisitivo será del 18.7%, lo que permitiría a las familias acceder a más bienes y servicios básicos.
Sin embargo, el incremento ha generado preocupaciones significativas en varios sectores económicos del departamento. Los gremios empresariales de Cundinamarca han manifestado su inquietud sobre el impacto en la competitividad y el empleo formal. De acuerdo con proyecciones de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), un aumento de esta magnitud podría presionar al alza los costos de producción, especialmente en sectores intensivos en mano de obra como la agricultura, la manufactura y el comercio.
El sector agrícola de Cundinamarca, uno de los pilares económicos del departamento, enfrenta desafíos particulares. Los productores de flores en la Sabana de Bogotá, los cultivadores de papa en las provincias de Sumapaz y Tequendama, y los ganaderos del Alto Magdalena deberán ajustar sus estructuras de costos para incorporar el nuevo salario mínimo. Algunos analistas anticipan que esto podría traducirse en aumentos de precios en productos agropecuarios o, en el peor escenario, en reducción de personal o incremento de la informalidad laboral.
En el sector de la construcción, particularmente relevante en municipios como Soacha, Chía, Cajicá y Facatativá que han experimentado crecimiento urbanístico acelerado, el impacto será dual. Por un lado, los trabajadores del sector verán mejorados sus ingresos, pero por otro, el precio de las Viviendas de Interés Social (VIS) —que están indexadas al salario mínimo— experimentará incrementos automáticos, dificultando el acceso a la propiedad para las familias de bajos recursos que aspiran a adquirir su primera vivienda.
Las pequeñas y medianas empresas de Cundinamarca también expresan inquietud. Muchas de estas empresas, que constituyen el tejido empresarial del departamento, operan con márgenes de rentabilidad ajustados y podrían enfrentar dificultades para absorber el incremento en la nómina sin afectar su sostenibilidad financiera. Algunos empresarios han advertido que podrían verse obligados a reducir personal, congelar contrataciones o migrar hacia esquemas de contratación por prestación de servicios para mitigar el impacto.
Desde la perspectiva del Sistema General de Seguridad Social, el aumento del salario mínimo genera presiones fiscales significativas. Según proyecciones de la consultora Integral Soluciones Pensionales (ISP), Colpensiones deberá desembolsar aproximadamente $6.7 billones adicionales en 2026 para cubrir sus obligaciones pensionales, dado que muchas mesadas están atadas al salario mínimo. Esta situación podría complicar aún más la ya compleja situación fiscal del sistema pensional colombiano.
El impacto en la canasta familiar también es motivo de análisis. Expertos del sector agropecuario señalan que productos básicos como el huevo, el pollo, la leche y los lácteos verán incrementados sus costos de producción y distribución debido al aumento salarial. Las proyecciones indican que una cubeta de 30 huevos, que actualmente oscila alrededor de $24.500, podría alcanzar los $25.947 en los próximos meses, mientras que el pollo podría experimentar incrementos similares debido a la presión en los costos laborales de las granjas avícolas.
El presidente Petro ha defendido el incremento bajo el concepto de «salario mínimo vital», basándose en estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que sugieren que un trabajador debe percibir lo suficiente para cubrir no solo alimentación, sino también vivienda, salud, educación y transporte para su núcleo familiar. El mandatario argumenta que más de la mitad de los trabajadores colombianos no son asalariados formales, sino personas que viven del rebusque y el comercio informal, quienes también se beneficiarían indirectamente al aumentar la demanda en restaurantes, tiendas de barrio y pequeños negocios.
Las administraciones municipales de Cundinamarca deberán ajustar sus presupuestos de nómina para el año fiscal 2026, incorporando el nuevo salario mínimo en sus cálculos. Esto podría implicar reasignaciones presupuestales o búsqueda de nuevas fuentes de financiación para garantizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los funcionarios públicos que devengan el mínimo.
El reto para Cundinamarca, como para el resto del país, será encontrar un equilibrio que permita proteger el bienestar de los trabajadores sin desencadenar una espiral de desempleo, informalidad o inestabilidad financiera en las empresas. Las próximas semanas serán cruciales para evaluar el impacto real del incremento y determinar si las medidas adoptadas logran su objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin comprometer la estabilidad económica del departamento.