El Gobierno nacional anunció su intención de eliminar la prima especial que reciben los congresistas, un beneficio creado mediante el Decreto 2170 de 2013, como parte de una estrategia de austeridad fiscal orientada a reducir el gasto público y avanzar en los compromisos sociales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Esta prima fue concebida originalmente como un reconocimiento económico adicional para los miembros del Congreso, y estaba prevista para aplicarse a quienes se posesionaran a partir del 20 de julio de 2026. Sin embargo, el Ejecutivo considera que ya no existen las condiciones que justifiquen su vigencia, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el enfoque de equidad social.
Fundamento jurídico de la decisión
La propuesta del Gobierno se apoya en una interpretación jurídica de la Ley 4 de 1992, que regula el régimen salarial de los altos funcionarios del Estado, así como en la Sentencia C-608 de 1999 de la Corte Constitucional. Según esta jurisprudencia, el Ejecutivo no está obligado a reconocer primas especiales, sino que puede decidir su otorgamiento o eliminación dependiendo del contexto económico y social del país.
Bajo este criterio, el Ministerio de Hacienda concluyó que la prima especial dejó de ser una herramienta razonable y que su permanencia no responde a las actuales necesidades fiscales ni a los principios de justicia distributiva.
Cuestionamientos al concepto de residencia
Uno de los argumentos centrales para desmontar este beneficio tiene que ver con el concepto de residencia, que fue utilizado como base para justificar el pago de la prima en el pasado. El Gobierno señaló que dicho concepto ha sido inconsistente y ambiguo dentro de la legislación colombiana, lo que ha generado interpretaciones desiguales y posibles inequidades salariales entre los propios congresistas.
Esta falta de claridad jurídica refuerza, según el Ejecutivo, la necesidad de eliminar un beneficio que no cuenta con criterios uniformes ni transparentes.
Equidad salarial y justicia social
Desde el Ministerio de Hacienda también se subrayó que la remuneración actual de los congresistas es desproporcionada en comparación con el ingreso promedio de la mayoría de los colombianos. Mantener beneficios adicionales como la prima especial, señaló el Gobierno, contradice los principios de equidad y justicia social, especialmente en un contexto donde se busca cerrar brechas económicas y fortalecer la inversión social.
Por ello, el desmontaje de este tipo de beneficios es presentado como una señal de coherencia con la política de austeridad y con el discurso de responsabilidad fiscal del Ejecutivo.
Entrada en vigencia y efectos fiscales
De oficializarse la derogatoria del Decreto 2170 de 2013, la eliminación de la prima especial entraría en vigencia desde la publicación del nuevo decreto, con efectos fiscales inmediatos. El Gobierno aclaró que no se reconocerán ni pagarán beneficios derivados de dicha norma, ni otros conceptos que estén directamente relacionados con ella.
La medida aplicaría específicamente a los miembros del Congreso que asumirán sus cargos a partir del 20 de julio de 2026, garantizando que no se afecten derechos adquiridos bajo regímenes anteriores.
Alcance político de la medida
En términos políticos, la propuesta busca enviar un mensaje de austeridad, coherencia y responsabilidad frente al manejo de los recursos públicos, en momentos en que el Estado enfrenta presiones fiscales y demandas sociales crecientes.
De concretarse, la eliminación de la prima especial marcaría un ajuste significativo en los privilegios salariales del Congreso, alineando el discurso de reducción del gasto con acciones concretas sobre los altos ingresos del sector público.