El presidente Gustavo Petro participó en Bogotá en la ceremonia de ascensos y reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, realizada en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Durante su intervención, el mandatario anunció varias decisiones de alto impacto administrativo, operativo y estratégico para la Fuerza Pública, entre ellas la implementación del salario mínimo para miembros de la tropa y patrulleros de Policía que aún no lo recibían, el fortalecimiento de la transparencia en la lucha contra el narcotráfico y la priorización de tecnologías antidrones.
Uno de los anuncios más relevantes fue la orden de revisar el presupuesto del sector defensa para garantizar que los integrantes de la Fuerza Pública que no devengaban salario mínimo pasen a recibirlo, en línea con el salario mínimo de 2026, fijado en $2.000.000 más auxilio de transporte. Petro recordó que este compromiso había sido adquirido previamente con la tropa y los patrulleros, y advirtió que el presupuesto aprobado podría estar subvalorado si no tuvo en cuenta el incremento salarial. Por ello, pidió un cruce inmediato entre los ministerios de Defensa y Hacienda para ajustar las cuentas antes del cierre fiscal y cumplir la promesa hecha al personal uniformado.
Este anuncio se dio en el mismo escenario en el que el Presidente formalizó el inicio de funciones de la nueva cúpula militar, encabezada por el general Hugo Alejandro López Barreto como comandante general de las Fuerzas Militares, y ratificó la continuidad del general William Oswaldo Rincón Zambrano como director de la Policía Nacional.
En materia de lucha contra el narcotráfico, el mandatario impartió una directriz orientada a la transparencia y el control ciudadano: ordenó a la Policía Nacional publicar mensualmente el mapa satelital de los cultivos de hoja de coca. Explicó que la institución cuenta con imágenes y herramientas para identificar ubicación y niveles de productividad, información que, según dijo, debe ponerse a disposición de la ciudadanía para evaluar si los cultivos crecen o disminuyen en determinadas regiones. Petro afirmó que, de acuerdo con los balances de 2025, Colombia habría logrado detener el crecimiento de los cultivos ilícitos, y pidió que el debate público se base en datos territoriales verificables y no solo en cifras globales.
Otro eje central del discurso fue la priorización de la compra de sistemas antidrones, en respuesta a los cambios tecnológicos del conflicto armado. El Presidente advirtió que organizaciones criminales están utilizando drones como herramienta de ataque, lo que ha provocado heridos y muertos en la Fuerza Pública. Señaló que el Estado no puede exponer a la juventud uniformada a esta amenaza y ordenó que ningún pelotón opere en zonas de conflicto sin protección antidrones. Enfatizó que el presupuesto debe priorizar esta compra de manera inmediata para no perder la iniciativa militar frente a estructuras criminales con capacidad financiera para adquirir tecnología avanzada.
Más allá de los anuncios puntuales, Petro planteó una lectura estructural de la violencia en el país, señalando que el homicidio se está concentrando cada vez más en zonas urbanas, con énfasis en ciudades como Bogotá, Cali y su área metropolitana. Según el mandatario, esta dinámica está ligada a economías ilegales como la extorsión y el narcotráfico, operadas por redes criminales transnacionales que concentran las ganancias fuera de Colombia, mientras el país asume el costo humano del conflicto.
En conjunto, el discurso presidencial combinó medidas salariales, operativas y tecnológicas con una visión estratégica sobre la seguridad y el narcotráfico, resaltando la necesidad de fortalecer la protección de la Fuerza Pública, aumentar la transparencia institucional y adaptar la política de defensa a un conflicto marcado por la urbanización de la violencia y el uso de nuevas tecnologías.