En septiembre, el Gobierno nacional, a través del presidente Gustavo Petro y del ministro de Hacienda, Germán Ávila, salió a desmentir una serie de informaciones falsas que circularon en redes sociales y algunos espacios mediáticos sobre la reforma tributaria planteada para 2025. Una de las fake news más difundidas aseguraba que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) subiría del 5 % al 19 % para los productos de la canasta familiar, lo que generó preocupación y confusión entre la ciudadanía.
La desinformación se intensificó luego de que, el 1 de septiembre, se conocieran los lineamientos de la reforma tributaria. En redes sociales, particularmente desde una cuenta de Twitter llamada ByViral24, se difundió un documento falso que sugería un incremento generalizado del IVA para alimentos básicos. Ante esto, el presidente y el Ministerio de Hacienda reaccionaron de inmediato, aclarando que dicha información era completamente falsa y explicando el verdadero alcance de la propuesta tributaria.
El presidente Petro explicó que la reforma estaba orientada principalmente a aumentar la carga impositiva sobre los sectores de mayores ingresos del país, y no sobre los productos esenciales ni la población en general. Según detalló en sus redes sociales, los ajustes tributarios propuestos incluían impuestos a dividendos, herencias, fusiones empresariales, actividades relacionadas con hidrocarburos, vehículos que utilizan energías fósiles y productos considerados perjudiciales para la salud, mientras que se contemplaban reducciones impositivas para las energías limpias y algunos alivios para las empresas. Además, recordó que la canasta familiar mantiene un IVA del 5 % desde 2016 y que no existía ninguna intención de elevarlo al 19 %.
El objetivo central de la reforma tributaria, según el Gobierno, era cubrir el déficit fiscal heredado de administraciones anteriores, especialmente el generado por los subsidios a los combustibles, entre otros compromisos financieros del Estado. Sin embargo, pese a la defensa del Ejecutivo, la Ley de Financiamiento fue archivada el 9 de diciembre en las Comisiones Económicas del Congreso, donde se buscaba recaudar 16,3 billones de pesos a partir del año siguiente. La iniciativa fue derrotada en la Comisión Cuarta del Senado, con una votación de 9 votos en contra y solo 4 a favor.
Tras el hundimiento del proyecto, el presidente Petro responsabilizó a la administración del expresidente Iván Duque por la situación fiscal actual, señalando que el país arrastra un déficit cercano a los 70 billones de pesos. En ese contexto, insistió en que dicho faltante debe ser cubierto mediante una mayor tributación a los sectores más ricos, a quienes considera los principales beneficiarios de la política de endeudamiento y de las altas tasas de interés fijadas por el Banco de la República en el gobierno anterior.
Finalmente, ante la ausencia de una fuente legal de ingresos para completar el Presupuesto General de la Nación de 2026, el Gobierno anunció la declaratoria de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. Mediante un decreto firmado el 22 de diciembre, se estableció un estado de excepción por 30 días calendario, que habilita al Ejecutivo para expedir decretos legislativos y realizar ajustes presupuestales urgentes. Según el Gobierno, esta medida busca conjurar la crisis fiscal y evitar que se profundicen sus efectos, garantizando la continuidad de servicios esenciales como la salud, los subsidios y otros compromisos financieros que no admiten aplazamientos sin poner en riesgo la estabilidad del Estado.