El Gobierno nacional declaró la emergencia económica con el objetivo de fortalecer las finanzas públicas, garantizar el funcionamiento del Estado y proteger los programas sociales, en medio de un contexto fiscal complejo generado por la negativa del Congreso a aprobar la Ley de Financiamiento. Ante versiones falsas difundidas en redes sociales, medios de comunicación y por sectores de la oposición, el Ejecutivo aclaró que esta medida excepcional no implica un aumento generalizado de impuestos ni afectará a la mayoría de la población colombiana.
Según explicó el Gobierno, la emergencia económica busca asegurar la estabilidad fiscal y evitar una crisis financiera futura, permitiendo recaudar aproximadamente $3,5 billones de pesos de manera responsable y equitativa. Estos recursos son necesarios para ejecutar el Presupuesto General y garantizar la continuidad de servicios esenciales para la ciudadanía, sin trasladar la carga tributaria al pueblo trabajador ni a los sectores de ingresos medios y bajos.
Las autoridades enfatizaron que no se crearán nuevos impuestos para la mayoría de los colombianos. Las medidas tributarias que se adopten en el marco de la emergencia estarán dirigidas exclusivamente a personas con mayores ingresos y patrimonios, con el propósito de lograr un recaudo más justo y progresivo. En ese sentido, el Gobierno desmintió categóricamente versiones que aseguran que la declaratoria implicará afectaciones directas al bolsillo de la población en general.
El Ejecutivo recordó que la emergencia económica es un mecanismo contemplado en la Constitución Política, que permite al Estado actuar de manera preventiva frente a riesgos que puedan comprometer seriamente la economía nacional. No se trata únicamente de una herramienta para enfrentar crisis ya materializadas, sino de un instrumento para corregir desequilibrios fiscales y proteger el desarrollo económico y social del país antes de que se presenten consecuencias más graves.
En cuanto al gasto público, el Gobierno aseguró que la emergencia económica no contempla recortes a los programas sociales ni la implementación de medidas como el impuesto del 5×1000. Por el contrario, la prioridad es garantizar los recursos necesarios para sectores fundamentales como la salud, la educación, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento financiero de las universidades públicas, así como la protección de la Fuerza Pública y la atención de eventuales emergencias.
Finalmente, se precisó que la declaratoria de emergencia económica tiene una duración limitada y está sujeta a estrictos controles institucionales. Tanto el Congreso de la República como la Corte Constitucional deberán revisar las motivaciones y los decretos que se expidan en este marco, con el fin de asegurar su legalidad y legitimidad. El Gobierno reiteró que esta decisión busca preservar el bienestar de millones de hogares colombianos y garantizar la continuidad de los derechos y servicios esenciales sin afectar a la población trabajadora.