La política huilense entró en terreno sensible tras la denuncia pública realizada por el diputado Omar Alexis Díaz, quien aseguró ser víctima de amenazas e intimidaciones que ya no se limitan a su ejercicio como líder político, sino que según afirmó han alcanzado a su núcleo familiar. “Con mis hijos no se metan”, fue la frase contundente con la que el asambleísta encendió la alarma y trasladó el debate del escenario legislativo al de la seguridad y las garantías democráticas.
De acuerdo con el diputado, los hechos estarían relacionados con su trabajo en la Asamblea del Huila y con las denuncias que ha venido realizando sobre presuntas irregularidades y estructuras criminales que operarían en el departamento. La situación, según relató, escaló cuando sujetos en motocicleta habrían intimidado a sus hijos a la salida de un evento cultural, hecho que calificó como cobarde y absolutamente inaceptable.
Díaz fue enfático en separar lo político de lo personal. Señaló que no rehúye al debate, a la crítica ni a la confrontación de ideas, pero advirtió que traspasar la línea hacia la intimidación familiar constituye un atentado directo contra la democracia. “Mis hijos no tienen nada que ver en esto. El problema soy yo”, expresó, dejando claro que la presión no logrará silenciar su voz ni modificar su postura política.
El caso abre interrogantes incómodos para las instituciones. ¿Qué tan protegidos están hoy los líderes que ejercen control político? ¿Qué garantías reales existen para quienes denuncian posibles redes de corrupción o criminalidad? Y, quizá lo más inquietante, ¿por qué el silencio de algunos sectores ante una denuncia de esta gravedad?
En un contexto donde el discurso oficial insiste en avances contra estructuras criminales y en una supuesta mejora de la seguridad, la denuncia del diputado contrasta con la realidad que describe. Díaz cuestionó que, mientras se anuncian resultados, persistan hechos de intimidación dirigidos a quienes ejercen veeduría política, afectando incluso a sus familias.
Más allá del nombre propio, el episodio revela una problemática estructural: el riesgo que asumen quienes deciden incomodar al poder. No se trata solo de un asunto personal, sino de un mensaje que, de confirmarse, buscaría sembrar miedo y autocensura entre dirigentes y ciudadanos.
El diputado aseguró que acudirá a las autoridades competentes y exigió acciones contundentes, no solo para esclarecer los hechos, sino para enviar un mensaje claro de que en el Huila no puede normalizarse la intimidación como herramienta política.
La denuncia de Omar Alexis Díaz deja una pregunta abierta que trasciende su caso: ¿está el departamento preparado para garantizar un ejercicio político libre, crítico y seguro, o el costo de denunciar sigue siendo demasiado alto? Mientras no haya respuestas claras, la preocupación permanece y la política huilense vuelve a quedar bajo la sombra de la intimidación.