La Defensoría del Pueblo de Colombia ha alertado sobre una situación crítica que afecta a más de 5.000 contratistas, incluyendo a defensores públicos, quienes cerrarán el año sin recibir el pago de sus honorarios correspondientes, debido a demoras en el giro de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y a un recorte presupuestal en la entidad para 2026.
Según la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, la Defensoría cumplió con todos los procesos administrativos y la programación de pagos, pero el dinero no fue transferido oportunamente desde el Ministerio de Hacienda, la entidad encargada de distribuir el presupuesto público.
Qué está ocurriendo y por qué
El atraso en los pagos se explica principalmente por dos factores vinculados al presupuesto:
- Reducción del presupuesto asignado a la Defensoría del Pueblo para 2026: Aunque la entidad solicitó un incremento que contemplara la inflación y las necesidades operativas, el monto incluido en el proyecto de ley de presupuesto fue fijado unilateralmente por el Ministerio de Hacienda en cifras menores a las de 2025. Luego, en el debate en el Congreso, esa cifra se redujo aún más.
- Falta de giros para cumplir con las obligaciones ya comprometidas: A pesar de que los contratos de prestación de servicios están suscritos y los servicios fueron cumplidos, la Defensoría no pudo hacer los pagos porque los recursos no llegaron en tiempo y forma, como había sido planeado.
En su pronunciamiento, Marín explicó que la entidad agotó todas las opciones posibles para obtener los recursos necesarios, incluyendo gestiones directas con el Ministerio de Hacienda y observaciones al sistema presupuestal, pero sin éxito. También resaltó la vocación de servicio de los defensores públicos, quienes a pesar de una importante carga de trabajo, aún no reciben el pago oportuno de sus honorarios.
Impacto del retraso
La Defensoría del Pueblo es un organismo clave dentro del sistema de justicia y de la protección de los derechos humanos, ya que garantiza el acceso a la justicia a personas que no tienen los medios para pagar representación legal privada.
La falta de pago afecta directamente a:
- Contratistas que dependen de estos honorarios para su sustento.
- Defensores públicos, cuya labor es fundamental para comunidades vulnerables.
- El funcionamiento continuo de la Defensoría en un contexto de múltiples retos en derechos humanos.
Además, esta situación se suma a otras advertencias de organismos internacionales y nacionales sobre la importancia de mantener y fortalecer el presupuesto de la Defensoría para asegurar su operación eficiente y su independencia.
Respuesta oficial y próximas acciones
La Defensoría, aun enfrentando esta crisis financiera, ha manifestado que seguirá gestionando ante las autoridades competentes para que los pagos se realicen lo antes posible y los recursos necesarios sean asignados. También buscará mecanismos para que situaciones similares no se repitan en el futuro inmediato.