En diciembre de 2025, distintos movimientos y organizaciones sociales formalizaron ante la Registraduría Nacional, en Bogotá, la inscripción de un comité promotor ciudadano con el objetivo de impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente vinculada a las reformas sociales que vienen siendo debatidas en el país. Este paso marca el inicio de un proceso que busca respaldo popular para presentar, en el siguiente Congreso de la República, un proyecto de ley que habilite dicha convocatoria.
El comité quedó conformado principalmente por 18 personalidades provenientes de diversos sectores sociales, culturales y étnicos, quienes afirmaron que la iniciativa pretende construir una base amplia de apoyo ciudadano. Para ello, proyectan una recolección de entre 3 y 10 millones de firmas, cifra que consideran necesaria para otorgarle legitimidad política y peso institucional a la propuesta antes de su discusión legislativa.
Durante el acto de inscripción participó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien expresó de manera explícita el respaldo del Gobierno nacional a esta iniciativa ciudadana. Según el funcionario, el Ejecutivo considera que el liderazgo del proceso debe recaer en los movimientos sociales y populares, como expresión directa del poder constituyente. En ese sentido, señaló que el presidente Gustavo Petro apoya la propuesta y ha manifestado que un respaldo cercano a los 10 millones de firmas reflejaría de forma contundente la voluntad popular.
El propio presidente Petro celebró el inicio del proceso a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar”, subrayando así la idea de que la iniciativa responde a un ejercicio de soberanía ciudadana.
Desde el comité promotor se aclaró que la intención no es reemplazar de manera integral la Constitución de 1991, sino actualizar y profundizar los principios sociales que ya están contemplados en ese texto. Armando Valbuena, uno de los integrantes del comité, explicó que la propuesta busca ser “contemporánea con la Constitución del 91” y ampliar la participación de los sectores sociales en las decisiones estructurales del país. Además, indicó que se plantea una Asamblea Constituyente con una duración limitada de 90 días, orientada a discutir ajustes específicos y no una reforma total del orden constitucional.
Valbuena también señaló que la iniciativa responde a los cambios que se están dando a nivel global en materia geopolítica y geoeconómica, y que, según los promotores, hacen necesario adaptar ciertos enfoques del Estado para responder a nuevas realidades sociales y económicas, siempre dentro del marco de los derechos consagrados en la Carta Magna.
En cuanto al procedimiento, los voceros explicaron que el primer paso es el reconocimiento oficial del comité por parte de la Registraduría Nacional. Una vez cumplido ese trámite, se dará inicio formal a la recolección de firmas en todo el territorio nacional. Con el respaldo ciudadano alcanzado, el comité buscará presentar un proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.
No obstante, los promotores precisaron que la propuesta no será presentada ante el Congreso actual, cuyo periodo finaliza el 20 de julio, sino ante el nuevo Congreso que resulte elegido en las elecciones del 8 de marzo y que se instalará a partir del 20 de julio del próximo periodo legislativo. La apuesta es que ese nuevo escenario político abra el debate y permita que sea la ciudadanía la que decida, mediante los mecanismos legales correspondientes, si se convoca o no a una Asamblea Nacional Constituyente.