Un violento ataque armado sacudió a las autoridades en Bogotá tras conocerse que Álvaro Hernán Prada Artunduaga, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue interceptado por un grupo de hombres armados mientras se movilizaba en un vehículo oficial blindado. El hecho ocurrió en la madrugada del 22 de diciembre en el barrio Quinta Mutis, un sector residencial que no suele figurar entre los puntos críticos de criminalidad de la capital.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el magistrado habría sido seguido durante varios minutos antes de ser abordado. Al menos dos camionetas bloquearon su paso y de ellas descendieron entre ocho y diez sujetos armados que intentaron abrir por la fuerza las puertas del automotor. La escena quedó registrada en cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya están siendo analizadas por las autoridades.
Reacción del esquema de seguridad
La pericia del conductor y la rápida reacción del esquema de protección fueron determinantes para evitar que el ataque terminara en una tragedia. Mediante una maniobra evasiva, el vehículo logró salir del cerco, impidiendo que los agresores accedieran al interior. Sin embargo, minutos después, los mismos individuos interceptaron al acompañante del magistrado, a quien intimidaron con armas de fuego y le robaron varias pertenencias.
Las autoridades consideran que la modalidad empleada, el número de atacantes y la coordinación de los vehículos no corresponden a un hurto común. Este tipo de acciones, conocidas como ataques en “enjambre”, son poco frecuentes en la ciudad y suelen evidenciar planeación previa y conocimiento del objetivo.
Investigación
Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es la posible sustracción de material de interés institucional. Entre los elementos robados se encontraría un dispositivo de almacenamiento externo que contendría información relacionada con funciones propias del CNE, lo que eleva el nivel de riesgo y abre nuevas líneas de investigación.
Ante estos hechos, unidades especializadas de la Policía Judicial avanzan en la identificación de los responsables, mientras se revisan antecedentes recientes que podrían indicar seguimientos previos al magistrado. Desde el Consejo Nacional Electoral, el ataque fue calificado como una amenaza directa a la institucionalidad y a la independencia del sistema democrático.