Catatumbo, Norte de Santander — La región del Catatumbo, en el noreste colombiano, vive una nueva escalada de violencia que ha derivado en una crisis humanitaria de importantes proporciones. El foco de la violencia son los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las extintas FARC, que compiten por el control territorial y las economías ilícitas de la zona, clave en los corredores de producción de hoja de coca e influencias criminales.
En medio de este contexto, la vicepresidenta Francia Márquez ha pronunciado un **llamado urgente al Gobierno y a la comunidad internacional para que se adopten “medidas reales y efectivas” que enfrenten con contundencia la crisis humanitaria y el desplazamiento forzado de comunidades campesinas en Catatumbo.
Según informes de autoridades nacionales y de organizaciones como el Consejo Noruego para Refugiados, los enfrentamientos han generado el desplazamiento de al menos 250 personas en una reciente ola de violencia, con miles más en riesgo de confinamiento o desplazamiento a causa del conflicto.
Un llamado por la vida, el territorio y la dignidad
Francia Márquez expresó en sus redes que su “clamor es por el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo”. Reiteró la urgencia de garantizar **condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras, así como el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales”.
La funcionaria llamó también a brindar apoyo humanitario inmediato y atención integral a las familias afectadas, enfatizando que la crisis no solo obliga a abandonar hogares sino que desborda la capacidad operativa de municipios como Tibú, donde ya se atienden desplazados que han llegado a los cascos urbanos desde zonas rurales golpeadas por el fuego cruzado.
Impacto local y limitaciones del Estado
El incremento de los combates ha hecho que muchas familias busquen refugio en ciudades cercanas como Cúcuta y Ocaña, mientras que varias autoridades locales advierten sobre la incapacidad de los recursos municipales para responder a esta nueva emergencia humanitaria. En algunos casos, los albergues y ayudas disponibles se están quedando cortos para hacer frente a la magnitud del desplazamiento. ELHERALDO.CO
La Defensoría del Pueblo también instó a los grupos armados a cesar los combates y permitir el ingreso de personal médico y ayuda, mientras advierte que la ausencia prolongada de presencia estatal efectiva y de respuestas concretas profundiza el sufrimiento de la población civil.
Un conflicto histórico que se reaviva
La región del Catatumbo ha sido escenario de lucha armada durante décadas. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, grupos disidentes y el ELN han continuado disputándose el control de territorios donde la presencia estatal es débil y las economías ilegales —especialmente el narcotráfico— siguen siendo relevantes. En este contexto, la violencia no es solo un enfrentamiento entre grupos armados sino también una tragedia humana que se traduce en desplazamientos masivos, violaciones de derechos y desestructuración de comunidades.
¿Qué medidas se piden?
Las demandas de la vicepresidenta incluyen:
- Despliegue de presencia institucional permanente que garantice seguridad y derechos a las comunidades afectadas.
- Atención humanitaria inmediata para las familias desplazadas, con acceso a alimentos, salud, vivienda y protección.
- Coordinación con organismos internacionales para fortalecer la capacidad de respuesta.
- Cese de hostilidades por parte de los actores armados para facilitar corredores humanitarios y el retorno seguro de los afectados.
Mientras tanto, líderes locales y organizaciones de derechos humanos siguen haciendo seguimiento a la situación y las consecuencias para la población civil, en una región donde la pobreza estructural y la debilidad institucional han facilitado la persistencia de la violencia.