La situación en el Catatumbo (Norte de Santander, Colombia) se agrava debido a los constantes enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, desencadenando una nueva crisis humanitaria con desplazamientos masivos y familias atrapadas entre la violencia.
Violencia y desplazamientos en temporada navideña
El pasado 25 de diciembre, intensos combates registrados desde la madrugada forzaron a cientos de personas a abandonar sus hogares en varios sectores del Catatumbo, especialmente en el municipio de Tibú. Familias enteras buscaron refugio en Cúcuta y Ocaña, llegando inicialmente cerca de 250 personas desplazadas por la violencia.
Organizaciones humanitarias, como el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), han advertido que al menos 6.000 personas están en riesgo de sufrir confinamiento y nuevos desplazamientos si los enfrentamientos continúan sin control.
Llamado urgente al Estado colombiano
Autoridades locales, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles han exigido una respuesta inmediata del Estado para garantizar la protección de la población civil. La Defensoría del Pueblo ha pedido a los grupos armados cesar las hostilidades y permitir el acceso de asistencia humanitaria y atención médica para los heridos.
El alcalde de Tibú ha insistido en que la presencia de la Fuerza Pública debe fortalecerse para permitir la entrega de ayudas y asegurar la estabilidad en las zonas afectadas, especialmente en corregimientos como La Gabarra y Pachelly, donde las comunidades siguen atrapadas entre los combates.
Un problema humanitario de mayor escala
Este episodio se enmarca dentro de una crisis prolongada desde comienzos de 2025, en la que miles de personas han sido desplazadas a causa de la violencia entre grupos armados en la región del Catatumbo. Según organismos internacionales, decenas de miles de civiles han dejado sus hogares y enfrentan penurias significativas, incluyendo falta de alimentos, atención médica y acceso a servicios básicos.
Expertos y organizaciones internacionales han solicitado medidas de protección más amplias para los civiles, incluyendo el respeto a los derechos humanos y el acceso seguro de ayuda humanitaria a las zonas más afectadas.