La Fiscalía surcoreana pidió este viernes, 26 de diciembre de 2025, una condena de diez años de cárcel para el expresidente Yoon Suk Yeol por su implicación en la controvertida declaración de la ley marcial realizada el año pasado, una medida que terminó siendo anulada y que desencadenó una grave crisis política.
Yoon decretó la suspensión temporal del gobierno civil el 3 de diciembre de 2024, un hecho sin precedentes en el país en más de cuarenta años. La decisión provocó protestas multitudinarias y un fuerte choque institucional con el Parlamento, lo que finalmente derivó en su destitución por parte del Tribunal Constitucional en abril de este año.
Desde entonces, el exjefe de Estado ha sido objeto de varios procesos judiciales relacionados con aquel episodio. En esta ocasión, los fiscales lo acusan, entre otros cargos, de obstrucción a la justicia, alegando que dejó fuera a miembros del gabinete en una reunión clave sobre la ley marcial y que, posteriormente, bloqueó la actuación de los investigadores que intentaban detenerlo en enero.
Según la agencia Yonhap, un tribunal de Seúl tiene previsto emitir su fallo el próximo mes de enero. Por su parte, Yoon defendió recientemente su actuación, asegurando que la declaración de la ley marcial respondió a la necesidad de frenar lo que calificó como actividades “pro-China, pro-Corea del Norte y traidoras” dentro del país.