En Colombia, el acceso a internet se ha convertido en un servicio esencial para la vida cotidiana. El trabajo remoto, la educación virtual, los trámites en línea y el entretenimiento dependen, en gran medida, de una conexión estable y de buena calidad. Sin embargo, para miles de usuarios en el país, el internet sigue siendo sinónimo de lentitud, interrupciones constantes y tarifas elevadas, una combinación que ha generado inconformidad y reclamos persistentes.
Las quejas de los usuarios se repiten en diferentes regiones: velocidades de navegación inferiores a las contratadas, fallas prolongadas en el servicio y una atención al cliente que, en muchos casos, no ofrece soluciones oportunas. Aunque los planes de internet prometen conexiones rápidas y estables, la experiencia real dista de lo esperado, especialmente en horarios de alta demanda, cuando la red se satura y el servicio se vuelve ineficiente.
El costo del internet es otro de los principales puntos de inconformidad. Para muchos hogares colombianos, el pago mensual del servicio representa una carga significativa dentro del presupuesto familiar. A pesar de ello, el precio no siempre se ve reflejado en la calidad de la conexión. En comparación con otros países de la región, los usuarios perciben que pagan tarifas altas por un servicio que no cumple con los estándares prometidos.
En las zonas rurales y municipios apartados, la situación es aún más compleja. En estos lugares, el acceso a internet suele depender de redes móviles o servicios satelitales, que además de ser más costosos, presentan limitaciones técnicas como baja velocidad, topes de consumo y alta latencia. Esto afecta de manera directa a estudiantes, agricultores y pequeños emprendedores que necesitan conectividad para desarrollar sus actividades diarias.
Incluso en las principales ciudades, donde la cobertura es mayor, los problemas persisten. Barrios enteros reportan caídas frecuentes del servicio, especialmente durante temporadas de lluvias o por fallas en la infraestructura. La falta de mantenimiento adecuado y la obsolescencia de algunas redes agravan la percepción de un servicio deficiente, pese a los avances tecnológicos anunciados por los proveedores.
El impacto de un internet lento y costoso se extiende a sectores clave de la sociedad. En el ámbito educativo, estudiantes y docentes enfrentan dificultades para acceder a plataformas virtuales, realizar videoconferencias o descargar contenidos académicos. En el sector laboral, el teletrabajo se ve afectado por interrupciones constantes que reducen la productividad y generan estrés entre los trabajadores.
Los pequeños negocios y emprendimientos digitales tampoco son ajenos a esta problemática. Para muchos comerciantes, una conexión inestable significa pérdidas económicas, retrasos en la atención a clientes y dificultades para competir en un mercado cada vez más digitalizado. La lentitud del internet limita la innovación y frena el crecimiento de iniciativas locales que dependen de la conectividad.
Las entidades de control reciben constantemente denuncias relacionadas con el servicio de internet. No obstante, los usuarios aseguran que los procesos de reclamación suelen ser largos y poco efectivos. La falta de una regulación más estricta y de sanciones contundentes alimenta la sensación de indefensión frente a los operadores de telecomunicaciones.
Expertos en tecnología coinciden en que mejorar la calidad del internet en Colombia requiere inversiones sostenidas en infraestructura, mayor competencia entre proveedores y una regulación que proteja de manera efectiva los derechos de los usuarios. Además, señalan la necesidad de transparencia en la información sobre velocidades reales y condiciones del servicio, para evitar expectativas que no se cumplen.
En un contexto donde la conectividad es clave para el desarrollo, el descontento de los usuarios colombianos pone en evidencia la urgencia de transformar el servicio de internet en un bien accesible, eficiente y confiable. Resolver la problemática del internet lento y costoso no solo mejoraría la calidad de vida de millones de personas, sino que también impulsaría el crecimiento económico y la inclusión digital en el país.