San Salvador, El Salvador — La justicia salvadoreña ha emitido una serie de condenas que rompen récords en la historia penal del país, al sentenciar a 248 miembros de la pandilla conocida como Mara Salvatrucha (MS-13) a penas de prisión que, en algunos casos, alcanzan hasta 1 335 años de cárcel por delitos graves cometidos en diferentes regiones del país entre 2014 y 2022.
Estas sentencias forman parte del marco legal aplicado en el contexto de la fuerte ofensiva del gobierno salvadoreño contra las pandillas, impulsada por el presidente Nayib Bukele bajo un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Dicho régimen ha permitido ampliar herramientas legales para enfrentar a las estructuras criminales que durante décadas generaron una de las tasas de violencia más altas en Centroamérica.
Detalles de las condenas
La Fiscalía General de El Salvador detalló que las condenas fueron dictadas en función de múltiples delitos que incluyen:
- Homicidios agravados
- Desapariciones forzadas de personas
- Feminicidios agravados
- Extorsión a comerciantes y ciudadanos
- Tráfico ilícito de drogas
- Ocupación ilegal de inmuebles
y otros crímenes asociados a agrupaciones ilícitas.
Entre los casos más destacados figura el de un miembro de la MS-13 condenado a 1 335 años de prisión, mientras que otros acusados recibieron penas que oscilaron entre aproximadamente 463 y 958 años de cárcel.
Estos sujetos fueron considerados responsables de 43 homicidios agravados, 42 desapariciones y numerosos otros crímenes cometidos en varios municipios, especialmente en el departamento de La Libertad y sus alrededores.
Contexto de la ofensiva contra las pandillas
La MS-13 es una de las pandillas más conocidas y violentas de Centroamérica y ha estado vinculada a crímenes de alto impacto social por varias décadas. Aunque tiene raíces en comunidades de inmigrantes en Estados Unidos en los años 80, ha desarrollado una presencia territorial significativa en El Salvador y países vecinos.
Desde 2022, bajo el régimen de excepción, el gobierno salvadoreño ha implementado operativos masivos de detenciones que han llevado a la captura de decenas de miles de personas sospechosas de afiliación a pandillas. Las autoridades aseguran que estas medidas han contribuido a reducir los índices de homicidios a niveles históricamente bajos en el país.
Críticas y debate público
Si bien el gobierno y sectores de la sociedad salvadoreña consideran las condenas y la estrategia legal como medidas ejemplares para restaurar seguridad, organismos de derechos humanos y críticos internacionales han expresado preocupación por posibles abusos de procedimiento y violaciones a garantías legales, especialmente bajo el estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial.
Organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario han cuestionado la legitimidad de juicios masivos y han señalado que el enfoque punitivo podría afectar derechos fundamentales de los acusados.
Impacto social y futuro
Los severos castigos contra pandilleros de la MS-13 ocurren en un momento en que El Salvador figura nuevamente en la agenda internacional por sus políticas de seguridad interior. La administración de Bukele defiende que estas acciones son necesarias para proteger a la población civil, mientras que sus detractores advierten sobre riesgos de excesos del Estado y SOBRE criminalización amplia.