Bogotá, 23 de diciembre de 2025 — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este lunes el decreto que declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional por un periodo de 30 días, en respuesta a lo que el gobierno califica como una “inminente crisis fiscal” que amenaza la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas y equilibrar las finanzas públicas.
La decisión, formalizada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, fue suscrita por Petro junto con su gabinete, y otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley sin la intervención directa del Congreso, principalmente orientadas a aumentar la recaudación tributaria y cerrar un déficit financiero que el Gobierno estima supera los 16 billones de pesos colombianos.
Crisis fiscal y hundimiento de la reforma tributaria
El motor de esta emergencia se encuentra en el reciente rechazo, por parte del Congreso de la República, del proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno, que tenía como objetivo generar los ingresos necesarios para financiar el presupuesto nacional de 2026. La iniciativa, que pretendía recaudar alrededor de 41.000 millones de dólares, fue archivada por los legisladores, dejando un vacío presupuestal significativo.
La administración Petro ha señalado que sin nuevas fuentes de ingreso es imposible sostener programas sociales, inversiones públicas y el funcionamiento regular del Estado. Según el decreto, la situación exige una respuesta urgente para evitar recortes drásticos en gasto público, reducción de servicios o impactos negativos en derechos fundamentales como educación, salud y seguridad social.
Poderes extraordinarios y medidas previstas
La emergencia económica confiere al Presidente y a sus ministros facultades para:
- Adoptar o modificar tributos por decreto, sin pasar por la aprobación del Congreso durante el periodo de la emergencia.
- Implementar nuevas medidas fiscales y económicas urgentes para tratar de equilibrar las cuentas públicas.
- Promover cambios administrativos que faciliten la ejecución del presupuesto y la asignación de recursos a sectores prioritarios.
Aunque aún no se han detallado cuáles impuestos específicos se impondrán ni cómo será la estructura tributaria, autoridades del Ejecutivo han mencionado la posibilidad de aplicar gravámenes dirigidos principalmente a quienes tienen mayor capacidad económica, con la promesa de no afectar de forma significativa a la clase media y los más vulnerables.
Reacciones políticas y debates constitucionales
La medida ha generado un intenso debate político en Colombia. Los sectores de oposición han cuestionado la constitucionalidad de declarar una emergencia económica por motivos fiscales, y han advertido que podría ser impugnada ante la Corte Constitucional, que tiene la última palabra sobre la validez de este tipo de decretos.
Organizaciones empresariales y gremiales también han expresado su preocupación, argumentando que la crisis fiscal es real, pero que la solución debería pasar por acuerdos legislativos y disciplina del gasto público, no por medidas ejecutivas que podrían generar mayor incertidumbre en inversionistas y mercados.
Contexto económico general y perspectivas
Colombia enfrenta varios retos macroeconómicos estructurales: un aumento del déficit fiscal en los últimos años, presión por mayores gastos sociales y compromisos financieros importantes para 2026. Organismos económicos internacionales habían señalado la necesidad de reforzar la recaudación y controlar el gasto para mantener la estabilidad fiscal. La emergencia económica busca precisamente dar al gobierno herramientas para responder con rapidez a estos desafíos.
Conclusión
La declaración de emergencia económica representa una de las decisiones más significativas de Gustavo Petro en su mandato, con implicaciones profundas para la política fiscal y la gobernabilidad del país. Las próximas semanas serán clave para determinar cómo se ejecutarán estas medidas, cómo responderá el Congreso, y si la Corte Constitucional avalará la constitucionalidad de estas decisiones.
El éxito o fracaso de esta estrategia tendrá fuertes repercusiones en la economía y la política colombiana de cara a 2026.