La Fiscalía General de la Nación decretó este lunes medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio contra bienes pertenecientes a personas vinculadas al escándalo de Centros Poblados, uno de los casos de corrupción más graves registrados en los últimos años en Colombia. Este episodio derivó en el desfalco de cerca de 70 mil millones de pesos que estaban destinados a llevar conectividad digital a zonas rurales apartadas del país durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
Entre los principales afectados por la decisión se encuentra Emilio José Tapia Aldana, empresario oriundo de Sahagún, Córdoba, señalado por las autoridades como una de las figuras centrales del entramado de corrupción. Tapia ya había sido mencionado y condenado en otros escándalos, entre ellos el conocido “Carrusel de la Contratación” en Bogotá, lo que refuerza su historial de participación en procesos fraudulentos relacionados con la contratación pública.
En la comunicación oficial de la Fiscalía también aparece el nombre de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, quien estaba al frente del MinTIC cuando se adjudicó y ejecutó el contrato cuestionado. Su gestión quedó marcada por este caso, que provocó su salida del cargo y un fuerte debate nacional sobre la supervisión de los recursos públicos.
De acuerdo con el ente acusador, las medidas cautelares recaen sobre 23 bienes, cuyo valor total asciende a 65.900 millones de pesos. Estos activos incluyen predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones en sociedades, todos ellos presuntamente vinculados a los recursos obtenidos de manera irregular a través del contrato suscrito entre el MinTIC y la Unión Temporal Centros Poblados.
Los titulares de los bienes serían, además de Tapia, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres y Luis Fernando Duque Torres, así como algunos de sus familiares. Según la Fiscalía, los activos se encuentran ubicados en varios departamentos del país, entre ellos Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, lo que evidencia la dispersión de los recursos presuntamente producto del desfalco.
En relación con la exministra Karen Abudinen, la Fiscalía indicó que su nombre aparece vinculado a la decisión debido a la responsabilidad fiscal que le fue atribuida previamente por la Contraloría General de la República, como parte de los procesos de control adelantados tras destaparse el escándalo.
En un comunicado de prensa, la Fiscalía explicó que las medidas fueron ordenadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y que tienen un carácter estrictamente jurídico. El objetivo central es proteger y recuperar los recursos públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, el cual tenía como finalidad la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos, una iniciativa clave para cerrar la brecha digital en las regiones más apartadas del país.
La decisión se conoce pocos días después de que la Jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla concediera la libertad condicional a Emilio José Tapia. Esta determinación generó una fuerte polémica y cuestionamientos públicos, y se sumó a actuaciones que actualmente estarían bajo revisión disciplinaria.
Con la libertad condicional, Tapia quedaría sujeto a un periodo de prueba de 27 meses y 10 días, tras haber cumplido las tres quintas partes de su condena. Este hecho, junto con las medidas cautelares ordenadas por la Fiscalía, reavivó el debate sobre la lucha contra la corrupción, la recuperación de los recursos públicos y la efectividad de las sanciones judiciales en casos de alto impacto nacional.