La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección Territorial Bogotá, presentó durante el año 2025 cinco demandas judiciales orientadas a la restitución de los derechos étnico-territoriales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que fueron víctimas del conflicto armado en Arauca, Casanare, Vichada y Amazonas. Esta iniciativa del Gobierno nacional busca garantizar la recuperación de territorios ancestrales despojados o abandonados forzosamente a causa de la violencia.
Las acciones legales pretenden la restitución de aproximadamente 294.000 hectáreas de tierra, ubicadas en municipios estratégicos como Arauquita, Tame y Fortul en Arauca; Orocué en Casanare; Cumaribo en Vichada; y Puerto Nariño en el Amazonas. Estas medidas beneficiarían directamente a más de 11.400 personas, pertenecientes a 3.251 familias de comunidades étnicas que han sufrido de manera directa los impactos del conflicto armado.
De acuerdo con la URT, las comunidades reclamantes han sido afectadas por diversas formas de violencia, entre ellas el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, asesinatos, confinamiento, amenazas y el abandono obligado de sus territorios. En ese contexto, la restitución no solo busca devolver la propiedad legal de la tierra, sino también restablecer el goce efectivo del territorio, respetando las prácticas culturales, sociales y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Las demandas incluyen varios resguardos indígenas, entre ellos Valles del Sol y Guahibo de Cajaros en Arauca; El Duya, San Jacinto y El Suspiro en Casanare; Flores Sombrerero en Vichada; y los resguardos de los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua en el departamento del Amazonas. Asimismo, se contemplan los consejos comunitarios afrodescendientes de Vereda La Paz y Meleocipo Amu Arrechea, ubicados en Arauca.
Uno de los objetivos centrales de estas demandas es que las comunidades sean reconocidas formalmente como víctimas del conflicto armado, conforme a lo establecido en el Decreto Ley 4633 de 2011, el cual garantiza la protección integral de los pueblos indígenas, su autonomía, y la preservación de su existencia física y cultural. Este reconocimiento permitiría el acceso a medidas especiales de reparación y garantías de no repetición.
La restitución de tierras se complementará con procesos de formalización jurídica de los territorios y la puesta en marcha de planes integrales de reparación colectiva, diseñados de acuerdo con las necesidades, prioridades y cosmovisión de cada comunidad. Estos planes buscan fortalecer el tejido social, garantizar condiciones de vida digna y asegurar la permanencia de las comunidades en sus territorios ancestrales.
En cuanto a la distribución del territorio reclamado, la mayor extensión corresponde a los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua en el Amazonas, con 174.730 hectáreas, seguidos por el resguardo Caño Mochuelo en Casanare, con 97.576 hectáreas. También se incluyen 35.784 hectáreas en Cibariza (Vichada), 32.458 hectáreas en Valles del Sol (Arauca), 20.310 hectáreas en Flores Sombrero (Vichada), y 36.957 hectáreas en El Duya, San Juanito, Médano y otros sectores de Casanare. A estas se suman áreas menores reclamadas por el resguardo Guahibo de Cajaros y los consejos comunitarios afrodescendientes de Vereda La Paz y Meleocipo Amu Arrechea en Arauca.
En conjunto, estas acciones reflejan el compromiso del Estado colombiano con la reparación histórica de las comunidades étnicas, el reconocimiento de sus derechos territoriales y la construcción de una paz duradera basada en la justicia, la memoria y el respeto por la diversidad cultural del país.