Medellín, 22 de diciembre de 2025 — Nueva evidencia periodística ha puesto en el centro de la polémica a la senadora colombiana Isabel Cristina Zuleta López, del Pacto Histórico, por supuestas interferencias políticas en decisiones judiciales y carcelarias relacionadas con la cárcel de máxima seguridad en Itagüí (Antioquia).
La investigación, publicada por El Tiempo, presenta mensajes de chat que la propia senadora habría intercambiado con la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, tras operativos contra capos de crimen organizado recluidos en esa penitenciaría.
🔍 Qué revelan los chats
Los mensajes, enviados en febrero pasado, cuestionan y presionan a la ministra Buitrago por operativos antiextorsión y controles estrictos dentro del penal, justo en momentos en que el presidente Gustavo Petro destacaba avances en su política de Paz Total.
En uno de los textos, la senadora advierte que un operativo podría “acabar el proceso en Medellín y el Valle de Aburrá”, responsabilizando a la ministra por la supuesta repercusión negativa en estos acercamientos.
⚖️ Rol como delegada de diálogo y presunta injerencia
La legisladora, además de ser senadora, actuaba como delegada del Gobierno en la mesa de diálogo sociojurídico instalada en la cárcel de Itagüí para promover acuerdos de paz con grupos criminales. Ese papel fue cuestionado por fuentes de la Fuerza Pública y exfuncionarios consultados por el diario:
- Se señala que Zuleta habría interferido en traslados carcelarios, incluso a favor del capo José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, histórico líder de La Oficina de Envigado, solicitando su traslado permanente desde La Picota a Itagüí para participar en negociaciones de paz, pese a las advertencias de inteligencia sobre riesgos de seguridad.
- Según otras fuentes periodísticas, las presiones no se limitaron solo a operativos carcelarios, pues recientes reportes señalan que generales del Ejército y la Policía denunciaron ante medios llamadas, mensajes y presiones de la senadora para frenar procedimientos militares y operativos policiales contra grupos armados ilegales y estructuras de narcotráfico, algo que ella ha negado públicamente.
📉 Repercusiones institucionales
Las actuaciones de Zuleta están siendo revisadas por la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación para esclarecer si su conducta se ajustó estrictamente a sus funciones como delegada gubernamental o si configuró un favorecimiento indebido a organizaciones criminales y obstaculización de la fuerza pública.
Hasta el cierre de esta nota, la senadora no había respondido formalmente a las solicitudes de comentarios por parte de los medios que han cubierto esta investigación periodística.