Desde la vereda de Pumbí, en el departamento de Nariño, el presidente Gustavo Petro participó en la inauguración de los grupos comunitarios de apoyo a la erradicación de cultivos de uso ilícito, un programa que hace parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el problema de la coca desde una perspectiva social, económica y de protección de la vida. En su intervención, el mandatario reafirmó que la sustitución de cultivos ilícitos por economías legales es un eje central de su política para transformar los territorios afectados por economías ilegales y avanzar en la construcción de paz.
Petro explicó que las comunidades que viven en zonas donde predominan actividades ilícitas, como la producción de hoja de coca o la minería ilegal de oro, conocen de primera mano la violencia, la inseguridad y el deterioro social que estas economías generan. Aunque reconoció que las alternativas legales pueden ofrecer menores ingresos en comparación con la coca, insistió en que el objetivo principal del Estado no es maximizar ganancias, sino garantizar la vida, la tranquilidad y la posibilidad de que las familias vivan sin miedo. Para el presidente, valores como la paz cotidiana, la estabilidad familiar y la seguridad tienen un peso mayor que cualquier beneficio económico derivado de actividades ilegales.
Durante su discurso, el jefe de Estado también se refirió al origen histórico y cultural de la hoja de coca, recordando que se trata de una planta ancestral de la Amazonía utilizada durante miles de años por comunidades indígenas con fines alimenticios, medicinales y culturales, sin causar los daños asociados al narcotráfico. Señaló que el problema surgió cuando la coca fue incorporada al mercado mundial y posteriormente prohibida, lo que dio origen a economías criminales altamente violentas. Más allá del debate científico o ideológico sobre la prohibición, Petro subrayó que la responsabilidad de su Gobierno es reducir la violencia y salvar la mayor cantidad posible de vidas.
En ese contexto, el presidente destacó que la política de sustitución no busca soluciones individuales aisladas, sino una transformación económica integral de los territorios. Afirmó que el enfoque del programa es colectivo y comunitario, con el objetivo de cambiar las condiciones estructurales que han llevado a muchas regiones a depender de economías ilícitas. En su intervención, recordó que el Acuerdo de Paz firmado en el Gobierno de Juan Manuel Santos constituye un compromiso del Estado colombiano ante la comunidad internacional, específicamente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que por ello es de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos. Según Petro, su administración ha trabajado para avanzar en los puntos fundamentales de ese acuerdo, especialmente en lo relacionado con la reforma rural y la sustitución voluntaria de cultivos.
Finalmente, el mandatario sostuvo que el avance hacia economías legales es una señal clara del éxito del programa. Puso como ejemplo la priorización de cultivos como el cacao por parte del campesinado en lugar de la hoja de coca, lo que, según afirmó, demuestra que la estrategia está dando resultados. Petro aseguró que, si se logra erradicar la coca y consolidar comunidades de paz, productivas y prósperas, se estará dando inicio a un proceso progresista de transformación económica de los territorios, basado en el acompañamiento del Estado y en la participación activa de las comunidades locales.