La Fiscalía General de la Nación judicializó a siete miembros activos del Ejército Nacional por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de un batallón de infantería ubicado en Ocaña, Norte de Santander, donde habrían desviado cerca de 200 millones de pesos destinados a la alimentación y bienestar de los soldados.
Según la investigación, los uniformados implicados —entre oficiales y suboficiales— aprovecharon sus funciones administrativas para falsificar planillas de suministro de alimentos, registrando entregas que nunca se realizaron realmente o que correspondían a soldados que se encontraban de permiso, de vacaciones o fuera de la unidad.
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, aunque ninguno de ellos aceptó los cargos. Por decisión de una juez penal de control de garantías, se impuso medida de aseguramiento domiciliaria para seis de los investigados, mientras que un capitán seguirá vinculado al proceso sin esta medida.
Entre los señalados figuran altos rangos como el teniente coronel Nelson Cuta Silva, los mayores Camilo Andrés Bonilla Bernal y Jefferson Alexander Silva Ruiz, así como el capitán Fermín Esteban Salinas Rodríguez y tres sargentos.
La Fiscalía señaló que la presunta organización delictiva operó en al menos cinco eventos diferentes relacionados con órdenes falsas de abastecimiento de víveres secos y frescos, lo que habría permitido ejecutar partidas presupuestales de manera irregular