El Gobierno nacional anunció que decretará una emergencia económica con el objetivo de garantizar la estabilidad fiscal y asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado. La decisión se toma tras el hundimiento de la reforma tributaria, que dejó un importante faltante en el financiamiento del presupuesto previsto para el próximo año.
Según explicó el ministro de Hacienda, la medida permitirá al Ejecutivo adoptar acciones extraordinarias para cubrir el déficit fiscal y proteger la continuidad de programas sociales, servicios públicos y compromisos del Estado. La emergencia económica se implementará mediante decreto y tendrá un alcance temporal definido, conforme a lo establecido en la Constitución.
El Gobierno considera que esta herramienta es necesaria para responder de manera rápida a la coyuntura económica actual, evitando afectaciones en sectores clave como salud, educación, subsidios sociales y funcionamiento institucional. Además, se busca preservar la confianza en la economía y cumplir con las obligaciones financieras del país.
Durante el periodo de emergencia, el Ejecutivo podrá expedir decretos con fuerza de ley orientados a generar ingresos adicionales, optimizar el gasto público y mitigar los efectos del desequilibrio fiscal. Estas medidas estarán sujetas a control constitucional y a la supervisión de los organismos competentes.
La declaratoria de emergencia económica abre un nuevo escenario en el debate fiscal del país, mientras el Gobierno insiste en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y mantener el respaldo a los sectores más vulnerables de la población.