En el cierre del 2025, el debate sobre el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) para el año 2026 se ha convertido en uno de los temas económicos y sociales más relevantes del país. El Gobierno nacional, encabezado por la administración del presidente Gustavo Petro, ha planteado a los agentes sociales y económicos una propuesta de incremento del 13,3 % del salario mínimo respecto al valor vigente en 2025, como punto intermedio en las negociaciones que se llevan a cabo en la mesa de concertación salarial entre el Ejecutivo, los sindicatos y los gremios empresariales.
Este porcentaje, que forma parte de las discusiones formales en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, busca compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y responder a las demandas de justicia social y fortalecimiento del consumo interno. Según los cálculos oficiales, un aumento del 13,3 % llevaría el salario mínimo de $1.423.500 (valor de 2025) a aproximadamente $1.613.426 mensuales, sin contar el auxilio de transporte, que también se revisa en este proceso y podría llevar el ingreso total mensual cercano a $1,8 millones de pesos si se ajusta en proporción.
📍 Contexto y proceso de negociación
La fijación del salario mínimo en Colombia es un proceso de concertación tripartita que debe ocurrir todos los años antes del 15 de diciembre, según lo previsto en la Ley 278 de 1996. Esta mesa reúne al Gobierno, sindicatos de trabajadores y representantes del sector empresarial para discutir variables económicas clave como la inflación, la productividad laboral y el poder adquisitivo.
Este año, las posiciones entre las partes han sido notablemente divergentes. Mientras que las centrales obreras han abogado por un ajuste de dos dígitos —algunos sindicatos proponiendo hasta un 16 % de incremento—, los gremios empresariales han mantenido posturas más moderadas, proponiendo cifras cercanas al 7–8 %, basadas en criterios técnicos como el crecimiento de la productividad y la inflación proyectada.
Las partes tenían hasta el 15 de diciembre para llegar a un consenso en el primer plazo del proceso. Ante la marcada discrepancia de posiciones, se han convocado jornadas extraordinarias de negociación que podrían extenderse hasta el 29 de diciembre. Según el calendario oficial, de no lograrse una concertación, la ley faculta al Gobierno para fijar el salario mínimo por decreto antes del 30 de diciembre, tal como ha ocurrido en varias ocasiones recientes.
📊 Posturas y argumentos
Desde la perspectiva gubernamental y de las centrales obreras, un aumento en torno al 13–16 % no solo neutralizaría la erosión de los salarios frente al aumento general de precios, sino que también fortalecería la capacidad de consumo de millones de hogares colombianos que dependen directamente de estos ingresos básicos. Este enfoque se basa en una lógica de justicia social y en el objetivo declarado de reducir brechas económicas profundas.
Por otro lado, los gremios empresariales y algunos analistas económicos han advertido que un incremento muy por encima de los índices técnicos —como la inflación proyectada cercana al 5 % y la baja productividad laboral— podría aumentar los costos laborales, presionar la inflación e impactar negativamente en la formalización y la generación de empleo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
🧮 Implicaciones económicas y sociales
El salario mínimo legal no solo afecta a quienes lo devengan directamente, sino que también sirve como referencia para múltiples factores contractuales, legales y de bienestar social en Colombia, desde aportes a seguridad social hasta el cálculo de sanciones y tarifas en diferentes ámbitos. Un incremento significativo puede tener efectos en el costo de vida general, en el sistema de compensación familiar y en los niveles de consumo agregado en la economía.
📅 ¿Qué sigue?
La mesa de concertación continuará sesionando hasta los plazos legales establecidos. Si no hay acuerdo, el Ejecutivo tiene la potestad de fijar el porcentaje definitivo por decreto. Independientemente del resultado final, la propuesta del 13,3 % ha reavivado el debate público sobre la mejor forma de equilibrar justicia social con sostenibilidad económica en un país donde millones de trabajadores dependen de este ingreso básico.