El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este jueves sobre la reciente orden de prisión preventiva en contra de su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, emitida por el Tribunal Superior de Bogotá en el marco de las investigaciones por presuntos hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otros entes estatales.
Desde la Casa de Nariño, el mandatario cuestionó la decisión judicial que ordenó el envío a prisión de Bonilla, afirmando que la magistrada que adoptó la medida también había tomado decisiones “contradictorias” en otros casos de alto perfil. Petro hizo referencia a fallos anteriores de la misma togada y expresó su desconcierto por la diferencia de criterios en estas determinaciones.
Defensa y advertencia sobre la salud de Bonilla
Aunque el presidente evitó calificar de forma rotunda la culpabilidad del exfuncionario, destacó que Bonilla, de 76 años, estuvo recientemente en cuidados intensivos, por lo que expresó preocupación por su bienestar ante la privación de la libertad. Petro afirmó que el economista y profesor “jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia”, subrayando que, desde su perspectiva, no existe evidencia de que haya actuado con dolo.
El jefe de Estado también negó que Bonilla hubiera intervenido en la asignación de cupos indicativos a congresistas, un punto que ha sido objeto de discusión en el contexto de la investigación. Recordó que, según su versión, él mismo ha denunciado mecanismos similares en gobiernos anteriores y que las atribuciones de un ministro de Hacienda, en materia de presupuesto, incluyen reuniones con ponentes y comisiones del Congreso como parte de la labor técnica en la elaboración del proyecto de presupuesto.
Contexto del caso y reacciones
La decisión de enviar a prisión a Bonilla y a otros exministros, entre ellos Luis Fernando Velasco, fue tomada en el contexto de una investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre un entramado presuntamente ilegal que implicaría la gestión de recursos públicos para la obtención de apoyos en el legislativo. La magistrada argumentó que la medida privativa de la libertad era adecuada, necesaria y proporcional ante los riesgos procesales, incluidos los presuntos vínculos de los investigados con estructuras complejas de corrupción.
El pronunciamiento de Petro se suma a un debate más amplio en el país sobre la independencia judicial, el alcance de las decisiones de aseguramiento y los efectos de estas medidas sobre figuras públicas que desempeñaron roles relevantes en administraciones anteriores. Diferentes sectores políticos y sociales han manifestado opiniones diversas, tanto en defensa de la autonomía del poder judicial como en cuestionamiento a las decisiones adoptadas en casos de especial relevancia mediática.