El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue adoptada el jueves 18 de diciembre de 2025 por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, quien consideró que las circunstancias del caso ameritaban una medida privativa de la libertad más severa.
Durante la audiencia, la magistrada descartó expresamente la posibilidad de conceder detención domiciliaria, a pesar de que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría General de la Nación habían solicitado que la medida de aseguramiento se cumpliera bajo esa modalidad. Según la jueza, los argumentos presentados y la gravedad de los hechos investigados demostraron la necesidad de imponer una detención preventiva en establecimiento carcelario, con el fin de garantizar los fines del proceso penal.
En consecuencia, el Tribunal ordenó la captura inmediata de ambos exfuncionarios y dispuso que, una vez detenidos, sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidad encargada de definir el centro de reclusión en el que deberán permanecer, asegurando el respeto de sus derechos fundamentales y las garantías procesales correspondientes.
De acuerdo con el auto judicial, Luis Fernando Velasco es señalado como presunto autor del delito de concierto para delinquir, además de ser determinador del delito de interés indebido en la celebración de contratos y coautor del delito de cohecho por dar u ofrecer. Por su parte, Ricardo Bonilla fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo y cohecho por dar u ofrecer, conforme a la imputación formulada por la Fiscalía dentro del proceso penal.
La investigación se enmarca en los presuntos actos de corrupción ocurridos al interior de la UNGRD, entidad encargada de la atención de emergencias y desastres en el país, lo que ha generado especial preocupación por el impacto que este tipo de conductas podría haber tenido sobre la destinación de recursos públicos y la atención a comunidades vulnerables.
Durante la diligencia judicial, las defensas de Bonilla y Velasco anunciaron que interpondrán recurso de apelación contra la decisión del Tribunal. Dicho recurso será estudiado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá revisar la legalidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento impuesta.
La determinación judicial ha generado un intenso debate jurídico, ya que algunos analistas y expertos en derecho penal han señalado que el Tribunal podría haber excedido sus facultades al imponer una medida más gravosa que la solicitada por la Fiscalía. No obstante, otros sectores sostienen que el juez tiene la potestad de valorar de manera autónoma los riesgos procesales y la gravedad de los hechos para definir la medida más adecuada.
Mientras se resuelve la apelación y avanza el proceso penal, el caso continúa en desarrollo y mantiene la atención de la opinión pública, debido al alto perfil de los implicados y al alcance de las investigaciones por los presuntos hechos de corrupción en la UNGRD, que podrían tener importantes repercusiones políticas, judiciales e institucionales en el país.