En Colombia, la inseguridad ha dejado de ser un asunto exclusivo de orden público para convertirse en un factor estructural que afecta la economía. El Informe Periódico del Observatorio de Seguridad del Consejo Gremial Nacional resalta cómo la criminalidad erosiona la confianza empresarial, encarece los costos de operación y limita la capacidad del país para integrarse a cadenas de valor regionales y globales. Según Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, las políticas de seguridad deben entenderse como políticas económicas, pues su deterioro afecta directamente la inversión, el empleo y la propiedad privada.
El informe destaca cifras alarmantes: entre enero y octubre de 2025 se registraron 11.324 homicidios, 527 secuestros y más de 1.100 actos terroristas, lo que refleja el aumento de la violencia. Aunque algunos delitos como la extorsión mostraron una ligera disminución, sigue siendo una de las principales amenazas para la continuidad de los negocios. Los delitos informáticos, por su parte, aunque bajaron un 7% en el último año, continúan creciendo a largo plazo, afectando especialmente sectores dependientes de la tecnología.
Además, la expansión de las economías ilícitas en Colombia, como los cultivos de coca y la minería ilegal, ha empeorado la situación. En 2023, el país alcanzó un récord histórico de 253.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que representa el 72% de la producción mundial de cocaína. La deforestación y los bloqueos en las vías también están generando pérdidas económicas significativas.
El informe señala que la inseguridad reconfigura las decisiones de inversión y afecta la competitividad del país. Sin un entorno seguro, no hay crecimiento económico ni bienestar social. Por eso, el Consejo Gremial Nacional hace un llamado urgente a entender la seguridad como un componente esencial del desarrollo nacional.