El Parlamento brasileño aprobó este miércoles un proyecto de ley que podría disminuir de forma significativa la pena de cárcel impuesta al expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por su implicación en el intento de quebrar el orden democrático tras las elecciones de 2022.
La iniciativa, impulsada por la mayoría conservadora, permitiría que el exmandatario ultraderechista, de 70 años y encarcelado desde el mes pasado, vea reducida su condena a poco más de dos años. El texto fue respaldado por 48 senadores, mientras que 25 votaron en contra, luego de haber superado la semana pasada el trámite en la Cámara de Diputados.
El proyecto no solo favorece a Bolsonaro, principal referente de la derecha y la extrema derecha en Brasil, sino que también abre la puerta a la libertad condicional de más de un centenar de personas detenidas por los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia, cuando simpatizantes del bolsonarismo asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado, pocos días después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.
La tramitación de la ley fue acelerada y se completó en apenas una semana en ambas cámaras, lo que representó una victoria política para los sectores conservadores antes del receso legislativo de fin de año. No obstante, la última palabra la tiene el presidente Lula, quien puede ejercer su derecho a veto.
El autor de la propuesta, el diputado Paulinho da Força, defendió la reducción de las penas como un “gesto de reconciliación” en un país profundamente polarizado. Con la legislación vigente, la justicia estimaba que Bolsonaro cumpliría alrededor de ocho años efectivos en prisión, pero la nueva norma modificaría las penas asociadas a varios delitos, incluido el de golpe de Estado.
Desde el entorno del expresidente celebraron la aprobación. El senador Sergio Moro, exministro de Justicia de Bolsonaro, destacó que el principal logro es la posibilidad de liberar a muchos de los condenados por la asonada de enero. Inicialmente, ese sector había intentado impulsar una amnistía total.
La votación generó una fuerte reacción social. El pasado domingo, decenas de miles de personas se manifestaron en distintas ciudades del país para rechazar la iniciativa, en protestas convocadas por organizaciones y partidos de izquierda que consideran la ley un retroceso en la defensa de la democracia.