La reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco marca un nuevo y profundo remezón en el panorama político y judicial del país. Ambos exfuncionarios fueron señalados por la Fiscalía como presuntas cabezas de un entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una entidad clave para la atención de emergencias y desastres naturales. Aunque el ente acusador había solicitado detención domiciliaria, la juez del caso consideró que las circunstancias ameritaban medida de aseguramiento intramural, decisión que incrementó la tensión política y generó una ola de reacciones en distintos sectores.
La fiscal María Cristina Patiño imputó a Bonilla y Velasco por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Pese a la gravedad de los cargos, los exministros no aceptaron responsabilidad y rechazaron los señalamientos, insistiendo en su inocencia. No obstante, el proceso avanzó y la determinación judicial se convirtió en un punto de inflexión para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que enfrenta uno de los momentos más complejos desde su llegada al poder.
Reacciones del Ejecutivo y defensa del presidente
Tras conocerse la decisión, el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente durante una rueda de prensa relacionada con la lucha contra el contrabando. En sus declaraciones, el mandatario evitó calificar directamente a los exministros como corruptos y aseguró que, en su gobierno, cualquier persona involucrada en actos ilícitos debe salir de la administración. Petro también señaló que la UNGRD arrastraba problemas de corrupción desde antes y puso el foco en otros actores del escándalo, lo que fue interpretado por algunos como un intento de marcar distancia política sin desconocer la gravedad del caso.
Oposición, exfuncionarios y Congreso elevan el tono
Las reacciones más duras provinieron del Congreso y de antiguos funcionarios. Voces de partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical calificaron la situación como una muestra de una supuesta estrategia criminal para asegurar mayorías legislativas mediante contratos y coimas. El exministro Luis Carlos Reyes aseguró que había alertado previamente sobre los hechos, mientras que otros líderes políticos apuntaron directamente al presidente y a su círculo cercano. Estas declaraciones intensificaron el debate público y profundizaron la polarización, dejando al Gobierno bajo una fuerte presión política y mediática mientras avanza el proceso judicial.