El Gobierno de Bolivia anunció que eliminará los subsidios a los combustibles, una política vigente durante más de 20 años que mantuvo congelados los precios de la gasolina y el diésel a un alto costo para el Estado. La medida fue confirmada el miércoles por el presidente Rodrigo Paz, quien defendió la decisión como un paso necesario para ordenar las finanzas públicas.
En un mensaje televisado acompañado por su gabinete, el mandatario explicó que la publicación del decreto marcará el inicio de una nueva política de precios para los hidrocarburos. Según afirmó, la eliminación de estos subsidios no implica desprotección social, sino una reorganización del gasto público orientada a la equidad y a una redistribución más transparente de los recursos.
Paz también anunció que el diésel dejará de figurar como sustancia controlada por el Estado, lo que permitirá al sector privado importar el combustible de manera directa. A su juicio, el esquema de subsidios aplicado en el pasado no solo ocultó irregularidades, sino que también agravó los problemas económicos del país. “La estabilización de los precios permitirá generar ingresos fiscales adicionales”, señaló.
Actualmente, el litro de gasolina y diésel en Bolivia se vende a un precio subsidiado cercano a los 0,53 dólares, una tarifa que se mantuvo prácticamente inalterada durante dos décadas y que representa un gasto anual superior a los 2.000 millones de dólares para el Estado. Este sistema obligó al Gobierno a importar combustibles a precios internacionales y venderlos internamente con pérdidas.
De acuerdo con las autoridades, esta política contribuyó al agotamiento de las reservas internacionales de divisas y fue uno de los factores que desencadenaron la peor crisis económica del país en los últimos 40 años. Además, el Ejecutivo sostiene que el esquema favoreció redes de corrupción y contrabando de gran escala.
Desde 2023, Bolivia ha enfrentado recurrentes episodios de escasez de combustibles, con largas filas en las estaciones de servicio y esperas que en algunos casos se extendieron por horas o incluso días, una situación que el Gobierno espera revertir con el nuevo modelo.