El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, adelantó este jueves que vetará el proyecto de ley aprobado recientemente por el Congreso que reduce las penas impuestas al exmandatario Jair Bolsonaro y a otros implicados en el intento de ruptura institucional tras las elecciones de 2022. “En cuanto ese texto llegue a mi despacho, lo vetaré”, afirmó Lula ante los medios.
El jefe de Estado defendió su postura señalando que los responsables de atacar el orden democrático deben asumir las consecuencias de sus actos. “Quienes cometieron delitos contra la democracia tienen que responder por ellos”, subrayó, al tiempo que recordó que el veto presidencial forma parte de sus atribuciones, así como el derecho del Parlamento a intentar revertirlo. “Cuando se relativiza la democracia, todos acabamos perdiendo”, advirtió.
Lula insistió en la gravedad de los hechos ocurridos en enero de 2023, cuando simpatizantes del bolsonarismo irrumpieron en las sedes de los tres poderes del Estado, pocos días después de su toma de posesión. Según recordó, aquel episodio fue considerado por la Corte Suprema como la culminación de una trama golpista encabezada por Bolsonaro, que buscaba forzar la intervención de las Fuerzas Armadas para derrocar al nuevo Gobierno.
El proyecto de ley fue aprobado con rapidez inusual en apenas una semana por ambas cámaras legislativas, lo que supuso una victoria para la mayoría conservadora antes del receso de fin de año. La iniciativa no solo beneficiaría al expresidente, sino que también podría permitir la libertad condicional de más de un centenar de personas encarceladas por los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia.
Bolsonaro fue condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años y tres meses de prisión por liderar un complot para mantenerse en el poder. Tras agotarse los recursos, el Supremo ordenó en noviembre el cumplimiento de la pena en dependencias de la Policía Federal en la capital. De entrar en vigor la nueva ley, según estimaciones de sus aliados, el exmandatario podría pasar apenas dos años en régimen cerrado.