El proceso de Reforma Agraria impulsado por el Gobierno continúa avanzando con la adjudicación de nuevas hectáreas de tierra a campesinos, comunidades indígenas y víctimas del conflicto armado. Según el balance más reciente, se han consolidado acuerdos para la formalización de predios y la entrega de tierras productivas en varias zonas del país, con el objetivo de reducir la desigualdad histórica en el acceso a la propiedad rural.
De manera paralela, el Ejecutivo ha fortalecido las líneas de crédito rural y los programas de asistencia técnica, buscando que las tierras entregadas no solo representen un acto de reparación social, sino que se conviertan en proyectos productivos sostenibles. Las autoridades destacan que este enfoque integral es clave para dinamizar la economía campesina, mejorar la seguridad alimentaria y disminuir la dependencia de importaciones.
No obstante, la Reforma Agraria enfrenta desafíos importantes, como la lentitud en algunos procesos administrativos, la resistencia de sectores terratenientes y los problemas de seguridad en ciertas regiones. A pesar de ello, el Gobierno insiste en que la redistribución de la tierra es un pilar fundamental para la construcción de paz y el desarrollo rural, y asegura que continuará profundizando esta política durante el resto del periodo presidencial.