El Gobierno Nacional anunció un paquete de medidas para reforzar el control y la vigilancia sobre las tarifas de los servicios públicos, luego de que en distintas regiones del país se registraran incrementos sostenidos en las facturas de energía y gas. La decisión se da en medio de crecientes quejas ciudadanas y advertencias de alcaldes y gobernadores sobre el impacto que estos costos están teniendo en la economía de los hogares, especialmente en los estratos medios y bajos.
Desde el Ejecutivo se informó que se intensificarán las auditorías a las empresas prestadoras, con énfasis en la revisión de los componentes tarifarios, los contratos de generación y distribución, y los márgenes de rentabilidad. Además, el Gobierno reiteró su intención de avanzar en una reforma estructural del sistema energético que permita reducir la dependencia de fuentes costosas y fortalecer la generación con energías renovables.
La medida también contempla mesas de trabajo con autoridades locales y representantes del sector empresarial para buscar soluciones de corto y mediano plazo. Mientras tanto, sectores sociales y sindicales han respaldado la intervención estatal, argumentando que el acceso a los servicios públicos debe garantizarse como un derecho y no quedar supeditado únicamente a las reglas del mercado.