La reciente decisión judicial que otorgó libertad condicional a Emilio José Tapia Aldana ha generado una fuerte controversia en Colombia y reavivó el debate sobre el manejo judicial de los grandes casos de corrupción. Tapia, considerado uno de los principales responsables de escándalos como el Carrusel de la Contratación y el desfalco del proyecto Centros Poblados, quedó en libertad el pasado 16 de diciembre de 2025, tras una decisión de la Jueza Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Claribel Onisa Fernández Castellón.
La jueza avaló la libertad condicional argumentando que la defensa de Tapia demostró el cumplimiento de uno de los requisitos exigidos por la ley, además de acreditar un buen comportamiento del condenado dentro del centro carcelario El Bosque, en Barranquilla. Como parte de la decisión, Tapia quedó sometido a un periodo de prueba de 27 meses, durante el cual deberá cumplir ciertas condiciones para no perder el beneficio otorgado.
Sin embargo, la medida no tardó en generar cuestionamientos. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó una compulsa de copias para investigar a la jueza Fernández Castellón por una posible adopción de medidas irregulares en este proceso. La situación es aún más delicada debido a que la misma funcionaria ya tenía una investigación abierta relacionada con decisiones previas en el caso de Tapia, lo que aumentó las sospechas sobre la legalidad y coherencia de su actuación.
Emilio Tapia fue condenado a 6 años y 4 meses de prisión por su participación en el escándalo de Centros Poblados, uno de los mayores casos de corrupción de los últimos años, que afectó gravemente proyectos de conectividad para zonas rurales del país. A pesar de esta condena, su paso por el sistema judicial ha estado marcado por múltiples beneficios y salidas temporales de prisión, lo que ha alimentado la percepción pública de impunidad.
De hecho, Tapia ha recuperado la libertad en varias ocasiones desde que fue condenado. Uno de los episodios más recientes ocurrió en abril de 2025, cuando se le concedió nuevamente la libertad condicional. No obstante, esa decisión fue revocada por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, dentro del proceso por el Carrusel de la Contratación, lo que llevó a ordenar su captura inmediata. Posteriormente, el 31 de octubre de 2025, Tapia fue recapturado y trasladado a la cárcel El Bosque, donde permaneció poco tiempo antes de que se le concediera nuevamente la libertad.
Este nuevo episodio ha generado indignación y preocupación en distintos sectores, que cuestionan cómo una persona condenada por graves hechos de corrupción logra de manera reiterada beneficios judiciales, pese a su historial y a las decisiones previas que habían ordenado su reclusión. El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema judicial colombiano y la forma en que se aplican figuras como la libertad condicional en delitos de alto impacto social.
Mientras tanto, Emilio Tapia permanece en libertad, sujeto a condiciones judiciales, mientras avanza la investigación disciplinaria contra la jueza que autorizó su salida de prisión. El proceso busca establecer si hubo irregularidades en la decisión y si esta se ajustó realmente a los requisitos legales, en un caso que sigue generando polémica y desconfianza en la justicia.