Solo el 52 % de los proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico analizados en el estudio entre 2018 y el 30 de junio del 2025, cumplen los tiempos contractuales, 14% están fuera de plazo y 34 % aparecen con ciclo cerrado, sin claridad sobre el cumplimiento.
Persisten desequilibrios en la distribución territorial y eficiencia del gasto en proyectos de agua y saneamiento para comunidades indígenas, afectando departamentos con alta población étnica como Córdoba, Cesar, Vichada, Atlántico y Antioquia.
Según el seguimiento realizado a programas entre el 2018 y el 30 de junio del 2025, existen proyectos suspendidos por $ 62.350 millones, equivalente al 19%, lo que genera riesgos de sobrecostos, pérdida de oportunidad y programas que se pueden convertir en obras inconclusas.
El estudio analizó 50 proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico que suman en total $326.353 millones. La Contraloría evidenció que solo el 52 % cumplen los tiempos contractuales, 14% están fuera de plazo y un 34 % aparecen con ciclo cerrado, sin claridad sobre el cumplimiento de sus objetivos, lo que refleja limitaciones en la planificación, la gestión administrativa y la mediación de resultados.
Además, se visibilizó que la principal fuente de financiación en 32 de los 50 proyectos se concentra en el Presupuesto General de la Nación, situación que deja ver la necesidad de contar con inversiones de APSB dirigidas a los pueblos indígenas que promuevan esquemas de cofinanciación progresiva e integren de manera articulada las fuentes nacionales, territoriales y alternativas como regalías, cooperación internacional o fondos especiales para población étnica, con el fin de diversificar el riesgo financiero.
El estudio de la Contraloría, identificó además que, aunque la distribución de recursos para proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico se concentra en 13 de los departamentos con mayor presencia indígena, persisten desequilibrios tanto en la cobertura territorial, como en la eficiencia del gasto. La Contraloría evidenció que departamentos con población indígena significativa sobre el total nacional como Córdoba (10,6%), Cesar (2,7 %), Vichada (3,5 %), Atlántico (2 %) y Antioquia (1,6 %) no han sido beneficiados con estas inversiones.
En cuanto a los compromisos con los pueblos indígenas, aunque el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022, reporta un cumplimiento formal del 100 %, no se establecieron indicadores de impacto que permitan verificar si estas acciones cerraron brechas en acceso a agua y saneamiento. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, presenta avances insuficientes: el programa de APSB para pueblos indígenas apenas registra un 7 % frente al 50 % esperado, y el piloto de hábitat integral en la Amazonía un 5%.