La reforma al sistema de salud impulsada por el presidente Gustavo Petro volvió a fracasar en el Congreso luego de ser archivada nuevamente en la Comisión Séptima del Senado, tras un prolongado periodo de estancamiento legislativo. Este nuevo revés reavivó el debate político y público sobre las causas estructurales de la crisis del sistema de salud en Colombia y la responsabilidad de los distintos actores involucrados.
Tras conocerse la decisión del Congreso, el presidente Petro reaccionó a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que los problemas actuales del sistema de salud no son recientes, sino que se originaron hace más de una década. Según el mandatario, el deterioro comenzó cuando las Entidades Promotoras de Salud (EPS) dejaron de cumplir un rol centrado en la atención médica y pasaron a operar como aseguradoras financieras, priorizando la lógica del negocio por encima del derecho a la salud.
El jefe de Estado calificó este cambio como un “grave error” estructural y sostuvo que esta transformación facilitó el desvío de recursos públicos destinados a la salud, además de generar un endeudamiento masivo dentro del sistema. De acuerdo con Petro, esta situación condujo a la liquidación de al menos 117 EPS, las cuales, según su versión, fueron cerradas en muchos casos para evadir el pago de deudas acumuladas con hospitales, clínicas, trabajadores del sector y proveedores de servicios, afectando directamente a los usuarios.
En su pronunciamiento, el presidente defendió los objetivos centrales de su reforma a la salud, explicando que esta buscaba un cambio de enfoque hacia un modelo de salud pública preventiva, inspirado en experiencias internacionales. La iniciativa proponía eliminar la intermediación financiera de las EPS y trasladar la gestión de los recursos a un esquema con mayor control estatal o a entidades cuya función principal fuera la prestación directa de servicios de salud, con el fin de garantizar una atención más eficiente y equitativa.
Petro insistió en que su proyecto pretendía corregir una lógica que, a su juicio, convirtió el sistema de salud en un negocio financiero, debilitando la calidad de la atención y profundizando las desigualdades en el acceso a los servicios. En ese sentido, reiteró que la liquidación de numerosas EPS no resolvió los problemas de fondo, sino que dejó un rastro de deudas impagas y un sistema fragmentado.
Finalmente, el presidente señaló a sectores políticos y económicos que defienden la privatización del sistema de salud como responsables del archivo de la reforma. Esta acusación profundiza la confrontación entre el Gobierno y el Congreso y evidencia las tensiones que rodean una de las reformas sociales más ambiciosas y polémicas de su mandato, cuyo futuro sigue siendo incierto en medio de un intenso debate nacional.