El Gobierno de Venezuela rechazó de manera contundente las amenazas formuladas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció la posibilidad de imponer un bloqueo naval militar en el Caribe con el objetivo de forzar la entrega de los recursos naturales venezolanos. A través de un comunicado oficial, las autoridades venezolanas calificaron estas declaraciones como irracionales y las interpretaron como un intento directo de apropiación de sus riquezas, en abierta violación del Derecho Internacional, de la libre navegabilidad y de las normas que regulan el comercio global.
Según el pronunciamiento, Venezuela denunciará formalmente estas amenazas ante la Organización de las Naciones Unidas. El embajador venezolano ante ese organismo, Samuel Moncada, será el encargado de presentar la queja internacional, sustentada en la Constitución venezolana y en la Carta de las Naciones Unidas, con el fin de defender la soberanía del país frente a lo que considera una acción de carácter coercitivo y colonial. El Gobierno reiteró que ejercerá plenamente sus derechos como Estado soberano y que no aceptará presiones ni ultimátums extranjeros.
El comunicado respondió de manera directa a los mensajes publicados por Trump en redes sociales, en los que exigía que Venezuela “devuelva” a Estados Unidos su petróleo, tierras y recursos minerales, afirmando que estos habrían sido “robados” en el pasado. Caracas rechazó de plano esa narrativa y subrayó que los recursos naturales pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano. En ese contexto, el Gobierno afirmó que el país “jamás volverá a ser colonia” y evocó la lucha independentista liderada por Simón Bolívar como símbolo de resistencia frente a cualquier amenaza externa.
Además, las autoridades venezolanas hicieron un llamado tanto al pueblo estadounidense como a la comunidad internacional para que rechacen lo que describieron como un intento de colonización moderna y una escalada guerrerista que pone en riesgo la paz regional. En Caracas y otras ciudades se registraron manifestaciones en favor de la paz y en contra del posible bloqueo militar, en las que simpatizantes del presidente Nicolás Maduro expresaron su respaldo al Gobierno y su rechazo a las amenazas de Washington.
El texto también enmarca esta situación en un contexto más amplio de cuestionamientos internacionales a las acciones de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental. Organismos multilaterales y defensores de derechos humanos han advertido sobre el uso de la fuerza contra embarcaciones civiles en esas zonas. En noviembre de 2025, expertos de Naciones Unidas señalaron que estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y generar serias preocupaciones sobre posibles crímenes internacionales.
A pesar de estas críticas, Trump ha insistido en justificar la presión militar y el cerco a Venezuela bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, diversos análisis citados en la discusión pública sostienen que Venezuela no es el principal eje de las rutas globales de cocaína hacia Estados Unidos, las cuales se concentran en otras regiones, especialmente en el corredor del Pacífico. De igual forma, la producción y el tráfico de fentanilo suelen vincularse principalmente a redes y laboratorios asociados a carteles mexicanos, lo que debilita la justificación esgrimida por el expresidente estadounidense.
En conjunto, el pronunciamiento del Gobierno venezolano plantea que el narcotráfico ha sido utilizado como una coartada para encubrir un objetivo central: el control de los recursos energéticos y minerales del país. Frente a ello, Caracas reafirmó su determinación de defender su soberanía, su independencia y la propiedad de sus recursos naturales por encima de cualquier amenaza militar o presión internacional.