En los últimos años, la plataforma Rappi se ha consolidado como uno de los actores más visibles de la economía digital en Colombia. Su presencia en las principales ciudades del país ha cambiado la forma en que miles de personas acceden a productos y servicios, al tiempo que ha abierto nuevas oportunidades laborales para quienes se desempeñan como repartidores, conocidos popularmente como “rappitenderos”.
Para una parte de la población colombiana, trabajar con Rappi se ha convertido en una alternativa de ingreso frente a la falta de empleo formal. Jóvenes, migrantes y personas que no logran vincularse al mercado laboral tradicional encuentran en esta plataforma una opción flexible, que no exige altos requisitos y permite organizar los horarios según sus necesidades. Esta modalidad ha sido vista como un alivio económico, especialmente en contextos de desempleo o informalidad.
Sin embargo, la labor de Rappi también ha generado debates y cuestionamientos. Diversos sectores han señalado que los repartidores no cuentan con las mismas garantías que un trabajador formal, como estabilidad laboral, seguridad social completa o ingresos fijos. A esto se suman los riesgos asociados a la actividad, como accidentes de tránsito y largas jornadas de trabajo para lograr una ganancia suficiente, lo que pone en discusión las condiciones en las que se desarrolla este tipo de empleo.
Desde la perspectiva del consumidor, Rappi ha significado comodidad y rapidez. La plataforma facilita el acceso a alimentos, medicamentos y otros productos, optimizando el tiempo de los usuarios y dinamizando el comercio local, ya que muchos restaurantes y negocios pequeños han ampliado su alcance gracias a este servicio. En este sentido, la empresa ha contribuido a la modernización del consumo y a la reactivación económica en zonas urbanas.
El impacto de Rappi en Colombia refleja una realidad compleja: mientras beneficia a miles de ciudadanos al generar ingresos y facilitar servicios, también evidencia los retos de regular las nuevas formas de trabajo digital. El desafío para el país está en encontrar un equilibrio que permita aprovechar las ventajas de estas plataformas sin descuidar los derechos y la protección de quienes hacen posible su funcionamiento.