El proceso de concertación para definir el salario mínimo de 2026 en Colombia entró en una etapa crítica ante la falta de consenso entre el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras. Aunque las mesas de diálogo han avanzado en el intercambio de propuestas, persisten profundas diferencias en torno al porcentaje de incremento, principalmente por el impacto que tendría sobre la inflación, el empleo formal y la competitividad empresarial.
El Gobierno nacional ha defendido la necesidad de un aumento que proteja el poder adquisitivo de los trabajadores, argumentando que el costo de vida sigue afectando con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos. Por su parte, los empresarios han insistido en la importancia de un ajuste moderado que no comprometa la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas ni incentive la informalidad laboral. Las centrales sindicales, en contraste, consideran que un incremento significativo es indispensable para reducir las brechas sociales y mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadores.
Ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo ha reiterado que, de ser necesario, fijará el salario mínimo mediante decreto antes de finalizar el año. Esta posibilidad ha generado debate público y expectativa, ya que la decisión tendrá efectos directos sobre salarios, subsidios, aportes a la seguridad social y el comportamiento general de la economía en 2026.