Bogotá, Colombia — La Procuraduría General de la Nación ha dado un paso significativo en el seguimiento de presuntas irregularidades en la implementación del nuevo sistema de atención en salud para los docentes del país. Este martes, el Ministerio Público formuló pliego de cargos y citó a juicio disciplinario al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, junto con varios altos exfuncionarios del Gobierno Nacional, por fallas y posibles irregularidades en la puesta en marcha del modelo de salud del Magisterio, conocido como FOMAG.
¿Qué motivó el llamado a juicio disciplinario?
El llamado a juicio disciplinario de la Procuraduría responde a una serie de presuntas fallas graves en la estructuración e implementación del nuevo sistema de salud para maestros, que entró en funcionamiento el 1 de mayo de 2024. Entre las principales observaciones del Ministerio Público se encuentran:
- La aprobación tardía del manual de contratación y de tarifas, algunas veces días después de que el modelo empezara a operar.
- Falta de negociación previa con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) antes de iniciar la prestación de servicios.
- Ambigüedades en la definición de responsabilidades sobre quién debía hacer auditorías y giros de recursos.
- Posibles efectos negativos sobre la continuidad, calidad y oportunidad en la atención médica de miles de docentes y sus beneficiarios.
Estos hechos, según la Procuraduría, podrían haber afectado derechos fundamentales como el acceso a servicios de salud de forma oportuna y continua.
¿Quiénes están involucrados?
Además del ministro Jaramillo, el Ministerio Público profirió pliego de cargos contra tres exministros del Gobierno de Gustavo Petro:
- Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda.
- Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo.
- Aurora Vergara, exministra de Educación.
También fueron llamados a responder por estas mismas irregularidades varios miembros de la junta directiva del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y representantes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), entre ellos dirigentes como Georgina Arroyo y Christian Rey Camacho, además del presidente de la Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín.
Intervenciones previas y medidas cautelares
Las fallas detectadas por la Procuraduría y otros entes de control no son completamente nuevas. La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) intervino previamente al FOMAG y a la Fiduprevisora debido a las irregularidades detectadas, aplicando medidas cautelares desde mayo de 2024. Más tarde, en septiembre de 2025, ordenó la cesación provisional de actividades de la Fiduprevisora por tres meses, como resultado de auditorías que revelaron demoras en pagos a prestadores y problemas para garantizar la entrega oportuna de medicamentos a los afiliados.
Significado y contexto político
El caso tiene implicaciones administrativas y políticas de amplio alcance, pues pone bajo escrutinio la gestión del Ministerio de Salud y de otros altos funcionarios en un proceso que afecta directamente la atención sanitaria de una parte sensible de la población laboral del país: los maestros. La decisión de llevar el caso ante un juicio disciplinario busca determinar responsabilidades individualizadas por la forma como se estructuró y ejecutó el nuevo modelo de atención.