Colombia enfrenta un aumento de violencia vinculado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo guerrillero activo en varias regiones del país. En el marco de un llamado a un “paro armado” de 72 horas, el ELN ha realizado ataques que han dejado muertos a varios policías, entre ellos dos oficiales víctimas de una bomba colocada al costado de una vía en Cali. Se reportaron también ataques a instalaciones policiales y militares, así como la muerte de un conductor de ambulancia durante otra acción violenta, según reportes de seguridad.
Este paro armado —una medida de presión del ELN— se da como protesta ante la expansión del despliegue militar estadounidense en el Caribe en operaciones dirigidas contra actividades relacionadas con el narcotráfico y la inseguridad regional. El gobierno colombiano ha denunciado estos ataques y condenó tanto el uso de violencia por parte del ELN como la pérdida de vidas de miembros de la fuerza pública y civiles.
Asimismo, una delegación del gobierno colombiano ha rechazado públicamente las acciones del ELN, calificándolas de ataques que van en contra de los esfuerzos de paz y estabilidad en el país. El grupo insurgente también habría impuesto restricciones a la movilidad civil y actividades económicas en zonas rurales como parte de sus medidas.
Este contexto de violencia representa un desafío continuo para las autoridades de seguridad y para las comunidades que viven en zonas con presencia de grupos armados ilegales, y complica los intentos de reanudar negociaciones de paz con el ELN tras años de conflicto.