La Fiscalía judicializó a los presuntos integrantes de ‘Los Nadie’ y ‘Los Arruera’ vinculados con 12 ataques entre 2024 y 2025, incluyendo quema de bus del SITP con pasajeros
Once personas fueron enviadas a prisión tras ser capturadas y judicializadas por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en una red dedicada al terrorismo y vandalismo en Bogotá. Los detenidos, señalados de hacer parte de estructuras autodenominadas ‘Los Nadie’ y ‘Los Arruera’, habrían perpetrado al menos 12 ataques violentos entre 2024 y 2025, principalmente en los alrededores de la Universidad Nacional de Colombia.
La investigación, que se extendió durante más de un año, permitió recopilar evidencia sobre ataques con explosivos, quema de vehículos, incineración de un bus del SITP con 12 pasajeros a bordo, y agresiones sistemáticas contra la fuerza pública y transeúntes. Según las autoridades, estos individuos actuaban bajo la fachada de protestas o concentraciones estudiantiles para luego generar violencia con bombas molotov, ‘papas bomba’ y otros artefactos improvisados.
Entre los capturados figuran dos presuntos cabecillas: Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore, y Juan Sebastián Manios Lozano, alias Tolima, quienes coordinaban la fabricación de bombas molotov, ‘papas bomba’ y otros elementos peligrosos, así como la distribución de roles para lanzar o activar los artefactos durante jornadas de protestas.
Una fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional de la Fiscalía de Bogotá imputó a los 11 capturados múltiples delitos: concierto para delinquir, terrorismo, incendio, daño en bien ajeno, empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, perturbación de servicios públicos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas o explosivos, todos en modalidad agravada.
Los hechos documentados incluyen el ataque con explosivos contra una patrulla de la Policía Nacional el 15 de marzo de 2024, que dejó a un uniformado herido; la quema de una motocicleta en una universidad el 21 de marzo de 2024; y la incineración del bus del SITP con pasajeros a bordo el 25 de abril del mismo año. El episodio más reciente ocurrió el 11 de septiembre de 2025, cuando Brian Stiven Valderrama Cubides, alias Garu, resultó herido mientras manipulaba material explosivo en la Universidad Nacional.
Durante las audiencias de judicialización, la jueza detalló episodios específicos de violencia: «Alias Salvatore aborda una patrulla, golpea dicho vehículo con un casco que tiene en la mano y con ese mismo casco agrede a la altura de la espalda al comisario. Alias Pri, igualmente, aborda la patrulla; con el uso de un extintor golpea al automotor y con este mismo agrede en el brazo izquierdo al patrullero, y acciona el artefacto al interior del vehículo con dos funcionarios de la Policía en su interior».
En los procedimientos de captura y allanamiento fueron incautados panfletos, un arma de fuego traumática con dos proveedores, 28 cartuchos, prendas de vestir, pólvora, un hacha y banderas con distintos símbolos. Las autoridades consideran estos elementos como evidencia vinculada a la organización y sus actividades delictivas.
Aunque ninguno de los detenidos aceptó los cargos, un juez de control de garantías ordenó que los 11 cumplan medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Según la jueza que conoce del caso, los actos de violencia atribuibles a este grupo pusieron en riesgo no solo a la fuerza pública, sino también a estudiantes, trabajadores, residentes y usuarios del transporte público de la capital.
La Universidad Nacional rechazó un pronunciamiento firmado por 31 congresistas que solicitaron la liberación de los capturados, aclarando que ninguno de los detenidos hace parte de la comunidad universitaria. El alcalde Carlos Fernando Galán también respondió enfáticamente a los congresistas, señalando que la decisión sobre la libertad de los capturados no está en manos del Distrito sino de la justicia ordinaria.
«En Bogotá no se permitirá la impunidad frente a actos violentos que afecten la seguridad ciudadana y el orden público. Este tipo de conductas no pueden justificarse como protesta social y corresponden a delitos como terrorismo y concierto para delinquir», afirmó Galán. El mandatario insistió en que el caso lleva más de dos años de investigación rigurosa y ya ha sido revisado por jueces de la República.
Este caso se suma a distintas investigaciones en Bogotá sobre disturbios relacionados con protestas, vandalismo y violencia en espacios públicos que han afectado la movilidad y seguridad de miles de ciudadanos durante los últimos años. Las autoridades anticipan que esta es apenas la primera fase de una investigación más amplia.