Bogotá, Colombia — Una vez más, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla armada más antigua en actividad en Colombia y catalogada como organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, decretó un paro armado de 72 horas que ha encendido todas las alarmas de seguridad en el país.
La medida, que comenzó a las 6:00 a.m. del domingo 14 de diciembre y se extenderá hasta las 6:00 a.m. del miércoles 17 de diciembre, fue anunciada a través de comunicados difundidos por las estructuras del grupo insurgente, incluyendo el Frente de Guerra Urbano Nacional, que se sumó al llamado y emitió advertencias directas a la población civil y a las empresas de transporte y comercio para que suspendan actividades.
Motivaciones y contexto del ELN
El ELN justificó este paro armado como una acción de protesta contra lo que denomina “amenazas de intervención imperialista”, atribuidas a decisiones del gobierno de Estados Unidos y específicamente relacionadas con una presencia militar en el Caribe y acciones políticas consideradas por la guerrilla como parte de un “plan neocolonial”.
Aunque este grupo afirma que no buscaría atacar deliberadamente a civiles y que respetará a quienes no participen en el conflicto, sus acciones tradicionales incluyen restricciones a la movilidad, confinamientos forzados, cierre de comercios y amenazas contra quienes desobedezcan sus órdenes, generando un clima de miedo y afectaciones en zonas urbanas y rurales del país.
Respuesta del Estado colombiano
Las autoridades han respondido con alerta máxima y despliegue de fuerzas del Ejército y de la Policía Nacional en múltiples regiones, especialmente en departamentos con presencia histórica de la guerrilla como Norte de Santander, Cauca, La Guajira, Santander y Cesar. El ministro de Defensa, así como las direcciones regionales de seguridad, han destacado que se activaron todos los mecanismos de inteligencia y seguridad para neutralizar cualquier intento de atentado o acción que ponga en riesgo a la población civil o a la infraestructura crítica.
El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha pronunciado contra el paro armado, condenando las amenazas y llamando a que los ciudadanos no se dejen paralizar por el miedo, aunque también ordenó acciones militares específicas contra estructuras de la guerrilla por considerar ilegítimas estas medidas coercitivas.
Impactos y denuncias de derechos
Organismos como la Defensoría del Pueblo han expresado su rechazo a las acciones violentas y resaltado que estas medidas constituyen una grave violación al derecho a la libre circulación y a la vida, afectando de manera directa a comunidades en diversos departamentos. La Defensoría también ha solicitado al gobierno medidas adicionales para que se proteja a las poblaciones más vulnerables y se garanticen sus derechos fundamentales.
Reacciones nacionales e internacionales
El paro armado no solo ha sido mal recibido por autoridades nacionales, sino también por delegados de paz y grupos internacionales que han instado al cese de las hostilidades y al retorno a la mesa de diálogo. Por su parte, Estados Unidos emitió advertencias a sus ciudadanos instándolos a evitar desplazamientos a zonas del país consideradas de alto riesgo debido a la situación de orden público.
Este escenario se da en medio de un contexto complejo para Colombia, marcada por múltiples años de conflicto armado interno en el que diversos grupos ilegales —incluido el ELN— conviven con bandas criminales y disidencias que compiten por control territorial, rutas de narcotráfico y economías ilegales.