Este 15 de diciembre de 2025 concluyó sin éxito la primera fase de negociación entre empresarios, sindicatos y el Gobierno de Colombia para definir el aumento del salario mínimo legal para 2026, dejando en evidencia una profunda brecha entre las propuestas y dificultando la posibilidad de una concertación voluntaria entre las partes.
La mesa de concertación salarial —integrada por representantes de gremios empresariales, centrales obreras y funcionarios del Ministerio del Trabajo— tenía como fecha límite el 15 de diciembre para alcanzar un acuerdo mutuo sobre el porcentaje de incremento que regirá a partir del 1 de enero de 2026. Sin embargo, al término del encuentro no se logró consenso y las partes se retiraron sin establecer una cifra concreta.
La principal razón de este fracaso radica en las distancias significativas entre las posiciones de los distintos actores. Las centrales obreras, representadas por organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), insistían en un aumento del orden del 16 %, argumentando que un incremento sustancial es necesario para compensar la pérdida del poder adquisitivo y reducir la desigualdad, además de reflejar las condiciones económicas actuales para los trabajadores.
Por su parte, los gremios empresariales ofrecieron una propuesta más moderada, situada alrededor del 7,21 %, con el argumento de que un incremento mayor pondría en riesgo la competitividad empresarial, especialmente de pequeñas y medianas empresas, y podría generar presión inflacionaria adicional.
En medio de estas posturas, el Gobierno no alcanzó a imponer una cifra consensuada, aunque oficiales y voceros del Ejecutivo sugirieron una posible alza de alrededor del 11 %, como propuesta técnica intermedia si el desacuerdo se mantiene y debe ser definido por decreto presidencial.
Legalmente, el marco que regula la discusión salarial en Colombia —a través de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales— prevé que, si no se alcanza un acuerdo en la fecha límite, se abre un periodo de 48 horas adicionales para que las partes presenten salvedades (planteamientos escritos con argumentos técnicos) que el Ministerio del Trabajo deberá analizar para intentar generar un acercamiento. De no lograrse un consenso incluso luego de este lapso, el Ejecutivo tiene hasta el 30 de diciembre para decretar unilateralmente el salario mínimo para 2026, tal como ha ocurrido en años recientes.
Las implicaciones de este resultado son amplias. El salario mínimo legal en Colombia no sólo afecta a millones de trabajadores con ingresos bajos, sino que también sirve de referencia para varias prestaciones laborales, subsidios y beneficios sociales que impactan a una parte significativa de la población. Por ello, la definición final del incremento genera expectativas tanto entre sectores productivos como entre los hogares colombianos que dependen de este ingreso.