Una investigación periodística del periodista Daniel Coronell reveló que la familia de la senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial y una de las voces más críticas contra los subsidios y ayudas estatales, habría sido beneficiaria de apoyos económicos del Estado dirigidos a pequeños productores agropecuarios, lo que plantea una aparente contradicción entre su discurso político y las acciones de su entorno familiar.
Según el reportaje publicado en la columna Los Danieles, el 22 de abril de 2024 el hijo de la senadora, Juan José Lafaurie Cabal —abogado penalista e hijo también de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán—, se presentó ante una oficina del banco Serfinanza, en el departamento del Cesar, como pequeño productor agropecuario. Esta clasificación le permitió acceder a beneficios financieros especiales administrados por el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).
Para respaldar dicha condición, Lafaurie Cabal presentó documentos contables que mostraban activos e ingresos ubicados justo por debajo de los topes máximos exigidos por la ley para ser considerado pequeño productor. Ese mismo día, obtuvo un crédito de redescuento por 400 millones de pesos, financiado con recursos públicos de Finagro. El crédito estaba destinado a la siembra de palma de aceite en un terreno perteneciente a la Hacienda Guadalajara, propiedad de la empresa Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S., cuyos socios son la propia senadora María Fernanda Cabal y sus hijos.
Adicionalmente, el beneficiario solicitó el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), que cubrió el 80 % del valor del crédito, lo que significa que, en caso de incumplimiento, el Estado asumiría la mayor parte del riesgo financiero. Pero el apoyo estatal no se limitó a ese respaldo crediticio.
De acuerdo con la investigación, Juan José Lafaurie Cabal también solicitó el Incentivo de Capitalización Rural (ICR), un subsidio directo que otorga Finagro para promover inversiones productivas en el campo. El 27 de noviembre de 2024, Finagro aprobó y desembolsó un abono por 95.273.700 pesos, correspondiente al monto máximo permitido por este incentivo. Como resultado, aunque el crédito inicial fue de 400 millones de pesos, el beneficiario solo deberá devolver poco más de 304 millones, ya que el resto será cubierto con recursos públicos.
El reportaje también subraya que, al momento de tramitarse el crédito y el subsidio, José Félix Lafaurie —padre del beneficiario y presidente de Fedegán— hacía parte de la junta directiva de Finagro. Aunque Lafaurie aseguró que no veía un conflicto de interés y que no informó a la junta sobre la operación, Coronell destaca que su rol como integrante del máximo órgano orientador de la entidad resulta relevante y genera cuestionamientos éticos y políticos.
Finalmente, la investigación señala que Juan José Lafaurie Cabal declinó responder a las preguntas del periodista sobre el crédito y el subsidio, afirmando que prefería mantenerse al margen del debate público. Daniel Coronell anunció que el caso seguirá siendo objeto de nuevas revelaciones, incluyendo respuestas adicionales del presidente de Fedegán, lo que mantiene abierto el debate sobre el uso de recursos públicos, los posibles conflictos de interés y la coherencia entre el discurso político y las prácticas familiares de figuras públicas.