La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios aún por identificar del Fondo Adaptación, con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades en la contratación de varios proyectos que, según denuncias conocidas públicamente, presentan una ejecución presupuestal del 0 %, pese a manejar recursos por montos superiores a los 100 mil millones de pesos.
La investigación es adelantada por la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal y se centra en contratos asociados a programas estratégicos como Hidrodinámica, Senderos para la Paz, Mojana y la Ruta del Arroz. De acuerdo con la información preliminar, estos negocios jurídicos, considerados clave para el desarrollo y la mitigación de riesgos en distintas regiones del país, habrían sido adjudicados pero no muestran avances en su ejecución, lo que ha despertado serias preocupaciones sobre el manejo de los recursos públicos.
Además de la falta de ejecución presupuestal, el ente de control examinará denuncias relacionadas con presuntas presiones políticas en los procesos de contratación. Según los señalamientos, dirigentes de partidos políticos y otras colectividades habrían intervenido de manera indebida para influir en la adjudicación de los contratos y en la designación de interventorías, con el fin de favorecer a determinados contratistas. En este contexto, se menciona a la Fundación San José como una de las entidades involucradas, así como posibles interferencias para beneficiar intereses particulares.
La Procuraduría indicó que la indagación busca establecer si las conductas denunciadas efectivamente ocurrieron, quiénes serían los responsables y si existieron causales que puedan excluir o atenuar la responsabilidad disciplinaria. Para ello, ya se ordenó la práctica de pruebas, que incluirán la revisión de documentos contractuales, informes financieros, actuaciones administrativas y posibles testimonios de funcionarios y terceros relacionados con los proyectos investigados.
El Fondo Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, fue creado con el propósito de liderar la reconstrucción y recuperación de las zonas más afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011. Su misión incluye la ejecución de obras de infraestructura, proyectos de vivienda y programas de reactivación económica orientados a reducir la vulnerabilidad frente a desastres naturales. Por esta razón, las denuncias sobre contratos sin ejecución generan especial preocupación, ya que podrían estar afectando a comunidades que dependen de estas inversiones para mejorar sus condiciones de vida y su resiliencia ante eventos climáticos.
La apertura de esta indagación pone nuevamente en el centro del debate el control y la transparencia en la contratación pública, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia para garantizar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la ciudadanía.