La Veeduría Ciudadana Puerto Gaitán Participativo y Transparente, en la que
participan veedores como Nancy Guayabo, elevó una denuncia formal ante la
Presidencia de la República y los principales entes de control del país, alertando
sobre presuntas irregularidades en el trámite del Proyecto de Acuerdo 043 de
2025, mediante el cual se busca autorizar un endeudamiento por 145.000 millones
de pesos para el municipio de Puerto Gaitán. La organización ciudadana advierte
que el proceso estaría avanzando con una celeridad que podría vulnerar los
principios de transparencia, rigor técnico y publicidad administrativa.
Documento
Según el documento enviado a la Casa de Nariño, el Concejo Municipal realizó la
socialización del proyecto el pasado 10 de diciembre y su aprobación el 11 de
diciembre, lo que, a juicio de la Veeduría, impide un análisis serio y profundo de
los componentes técnicos, financieros y jurídicos del endeudamiento. La entidad
sostiene que un plazo tan reducido no permite la revisión responsable de la
información, especialmente tratándose de un crédito que comprometería las
finanzas municipales durante varios años.
El informe también señala que algunos concejales habrían manifestado con
anticipación que el endeudamiento “ya estaba decidido”, lo que, según la
Veeduría, podría evidenciar acuerdos previos al debate y afectar la independencia
de la corporación en la toma de decisiones. A esto se suma que, hasta el
momento, no se han presentado los estudios de sostenibilidad fiscal que exige la
normativa para autorizar este tipo de operaciones, lo que incrementa las dudas
sobre la viabilidad real del proyecto.
Afectaciones
Otro de los puntos críticos advertidos en la denuncia es que el monto del crédito
podría superar la capacidad financiera del municipio, generando riesgos para la
estabilidad económica local y para la correcta ejecución de los recursos públicos.
Por ello, la Veeduría solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría
General y la Procuraduría iniciar investigaciones penales, fiscales y disciplinarias
que permitan esclarecer las actuaciones de los funcionarios involucrados en el
trámite.
Finalmente, el documento concluye que las decisiones sobre endeudamiento
deben estar plenamente sustentadas en estudios serios, ser objeto de un debate
público amplio y permitir el ejercicio del control ciudadano, con el fin de garantizar
la protección del patrimonio municipal y la adecuada administración de los
recursos públicos.
