Altos mandos de la Fuerza Pública señalaron que la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, y personas de su entorno habrían interferido en operaciones e investigaciones contra organizaciones criminales en Antioquia, generando una fuerte inquietud institucional. Las denuncias, conocidas por la revista Semana, ya fueron puestas en conocimiento del Ministerio de Defensa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con los testimonios, ocho generales —cinco en servicio activo y tres en retiro— afirmaron haber recibido llamadas de la congresista, así como de familiares y asesores suyos, solicitando detener combates y procedimientos contra estructuras vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y homicidios en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá. Uno de los comandantes consultados describió el ambiente de presión: “Mi cabeza puede rodar”, dijo, aludiendo al temor de represalias por la cercanía de Zuleta con el presidente Gustavo Petro y con el entonces ministro de Defensa Iván Velásquez.
Uno de los hechos más sensibles ocurrió el 17 de julio de 2023 en Ituango, cuando tropas del Ejército se enfrentaban a los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc. Según los relatos, Zuleta habría llamado a un oficial para pedir que se detuviera el combate, bajo el argumento de que se estaba atacando a mineros. Sin embargo, los uniformados reportaron que los hombres estaban armados, uniformados y acompañados de menores de edad. Ese enfrentamiento dejó dos soldados muertos, un cabecilla abatido y tres adolescentes armadas puestas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Ese mismo día, un asesor de la senadora habría contactado a un general para advertir sobre personas presuntamente perseguidas por las tropas, solicitando prudencia en el operativo. Episodios similares se habrían presentado semanas después, cuando se cuestionó la respuesta institucional frente a la incursión del Clan del Golfo en Briceño y se reprochó que la fuerza pública exigiera denuncias formales para actuar.
Las denuncias también incluyen señalamientos por presuntas interferencias en operativos contra la minería ilegal en el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, zonas donde confluyen intereses del Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN. Un alto mando policial aseguró que la senadora “siempre defiende a la minería en todas sus aristas”, pese a que existían pruebas de vínculos entre algunos mineros y estructuras criminales. Tras operativos en Amalfi, en los que se incautaron dragas, Zuleta habría criticado duramente a la Policía en reuniones oficiales.
Además, oficiales señalaron reparos constantes de la congresista frente a investigaciones que mencionaban a frentes específicos de las disidencias, así como cuestionamientos a altos mandos policiales involucrados en operaciones como Agamenón contra el Clan del Golfo. En Medellín, Zuleta también habría expresado inconformidad por operativos judiciales que, según ella, afectarían las negociaciones de “paz total” que coordina en la cárcel de Itagüí.
Generales del Ejército indicaron, además, que la senadora visitó batallones para exigir explicaciones sobre acciones militares, lo que habría generado incomodidad y temor entre los mandos. “Asustado uno de que lo fueran a relevar, se le contaban las cosas”, relató uno de ellos.
Desde el retiro, el general Guillermo León León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, calificó como inaceptable que una persona vinculada a procesos de paz contacte directamente a generales para pedir que se frenen operaciones, especialmente cuando no existe un cese al fuego formal.
Ante la reiteración de estos hechos, la cúpula militar alertó al Ministerio de Defensa y solicitó acompañamiento institucional, mientras avanzan las revisiones judiciales sobre el alcance y las implicaciones de las presuntas interferencias denunciadas.