La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical de Argentina, convocó para el 18 de diciembre una movilización masiva a la Plaza de Mayo con el objetivo de rechazar la “Ley de Modernización Laboral” propuesta por el gobierno de Javier Milei. Según los sindicatos, esta reforma implica un retroceso histórico en los derechos laborales al ampliar jornadas, flexibilizar despidos, debilitar la negociación colectiva y favorecer la discrecionalidad patronal sobre las condiciones de trabajo.
El secretario general de la CGT, Jorge Sola, explicó que la marcha buscará enviar un mensaje contundente contra el proyecto, al que calificó como una iniciativa elaborada sin participación obrera y presentada en un momento de fuerte crisis económica y destrucción de empleo. La central sindical asegura que, en un escenario con más de 200.000 trabajadores que han perdido su empleo en el último año y múltiples cierres de industrias, esta reforma profundiza la precarización y el llamado “industricidio”.
Las organizaciones sindicales sostienen que el Gobierno intenta acelerar la aprobación del proyecto en el Senado sin permitir un debate amplio, por lo que anunciaron una estrategia de presión política que incluye diálogo directo con legisladores, gobernadores y otros actores institucionales. También preparan una ofensiva judicial, argumentando que varios puntos de la reforma violan el principio protector del derecho laboral y resultan inconstitucionales.
Entre los cambios más polémicos del proyecto figura la ampliación de la jornada laboral mediante la figura del “banco de horas”, que permite extender la jornada hasta 12 horas diarias sin pago de horas extra. Aunque se garantiza un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas, la CGT advierte que esta modalidad elimina en la práctica el concepto tradicional de horas extra, facilitando abusos y sobrecarga laboral.
El proyecto también propone abaratar significativamente el despido: excluye múltiples conceptos (aguinaldo, vacaciones y otros adicionales) de la base de cálculo de la indemnización, reduciendo el monto que perciben los trabajadores. Además, las deudas laborales en litigio se actualizarán solo con la inflación más un 3 % anual, lo que, según los sindicatos, licúa el poder adquisitivo de las compensaciones. Las pymes, por su parte, quedarían habilitadas para pagar indemnizaciones en hasta doce cuotas, lo que prolonga la vulnerabilidad económica de los despedidos.
Otro aspecto central es el aumento del poder del empleador para modificar condiciones laborales. La reforma elimina la posibilidad de que un trabajador exija la reversión de un cambio unilateral considerado ilegal y, de no ser escuchado, se considere despedido con justa causa. La nueva figura obliga al empleado a aceptar los cambios o renunciar sin causa, quedando sin herramientas para resistir decisiones abusivas.
El proyecto también restringe derechos sindicales y herramientas de protesta: el bloqueo de establecimientos se tipifica como falta muy grave sin pago de salario, las asambleas dentro del lugar de trabajo requerirán autorización del empleador y no serán remuneradas, y las huelgas enfrentarán más limitaciones. Para la CGT, estas medidas buscan debilitar la organización interna y el poder negociador de los trabajadores.
Este debate se desarrolla en un contexto social crítico. Desde el inicio del gobierno de Milei, más de 19.000 empresas han cerrado, un promedio de casi 30 por día, lo que agrava la situación del empleo y coloca la reforma laboral en el centro de las preocupaciones públicas. Expertos y exministros de Trabajo han señalado que el proyecto responde a viejas demandas de sectores empresariales y es hostil al modelo sindical argentino, sin abordar problemas estructurales como la informalidad o la falta de inversiones productivas.
La movilización del 18 de diciembre, respaldada por las 80 regionales de la CGT en todo el país, se perfila como un hito de confrontación entre el gobierno de Milei y el movimiento obrero organizado. Para muchos analistas, será una prueba de fuerza que tendrá impacto tanto en la discusión legislativa como en la estabilidad política del país, en un momento en que el debate sobre los derechos laborales y la protección social vuelve a cobrar relevancia en toda la región.