Colombia vive un año crítico en derechos humanos: ONU revela alarmantes cifras de homicidios y violencia

Bogotá, 10 de diciembre de 2025 — En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó cifras preocupantes sobre la situación en Colombia durante 2025. Los datos revelan un incremento significativo de homicidios de defensores de derechos humanos, violencia contra líderes sociales y reclutamiento de menores por parte de grupos armados.

 Homicidios y violencia contra líderes sociales

Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, la ONU-DH recibió 198 reportes de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales 69 casos han sido verificados (60 hombres, 8 mujeres y 1 persona LGBTIQ+). Un 30 % de estos homicidios corresponde a miembros de Juntas de Acción Comunal (JAC), lo que subraya el riesgo que enfrentan los líderes locales en zonas donde el Estado tiene presencia limitada.

Los reportes también señalan un aumento de masacres verificadas y hechos de violencia en regiones como Cauca, Guaviare, Norte de Santander y Valle del Cauca, que tradicionalmente enfrentan mayor control de grupos armados.

Reclutamiento de menores y violencia infantil

La ONU ha alertado sobre el persistente problema del reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de grupos armados no estatales. Entre 2022 y 2024, se verificaron 474 casos de este tipo de reclutamiento, con 128 nuevos hechos registrados solo en 2025, incluyendo niños y niñas indígenas y afrodescendientes, lo que evidencia la vulnerabilidad de los menores al impacto del conflicto.

– Contexto político y riesgo pre-electoral

La ONU también ha señalado que la violencia tiende a intensificarse en contextos preelectorales, con amenazas a la participación política y ataques contra figuras políticas y defensores comunitarios. Aunque el Gobierno ha promovido iniciativas de “paz total”, organismos internacionales subrayan la necesidad de reforzar medidas de protección y presencia estatal para garantizar los derechos fundamentales.