La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para Población Focalizada, evidenció hallazgos fiscales por $70.570 millones sobre la gestión del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico en la vigencia 2019 – 2024.
En el informe de la auditoría de cumplimiento realizada por el ente de control, se reportaron gastos administrativos desproporcionados en la ejecución del proyecto para mejorar la cobertura y calidad del servicio de suministro de agua y saneamiento básico en los municipios de Tumaco y Guapi.
La Contraloría relaciona hallazgo con incidencia fiscal y disciplinaria por $20.530 millones, pues a pesar de la alta ejecución presupuestal en gastos de administración, los resultados son deficientes respecto a la baja ejecución de la inversión en los términos establecidos en el CONPES 3847 del 03 de noviembre de 2015 y el contrato de empréstito BIRF 8649- CO (Banco Mundial).
También se encontraron fallas en gastos administrativos desproporcionados relacionados con la conectividad de la región en lo que tiene que ver con la efectiva y oportuna ejecución de las obras constructivas de muelles, malecones y señalización; mejora de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento; fortalecimiento institucional para operadores de transporte por vías navegables y proveedores de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.
La Contraloría General evidenció un gasto excesivo, de manera injustificada y desproporcionada de lo pactado que, a 31 de diciembre de 2024, constituye un presunto detrimento al patrimonio del Estado que ascienden a $9.840 millones.
Entre los 21 hallazgos reportados por la entidad, se encuentra el detrimento patrimonial al Estado por $13.972 millones en el contrato No. 57833-PTSP-044-2021, mediante el cual se establecía la construcción y operación de sistemas aislados de generación de energía solar fotovoltaica en las comunidades del municipio de Bojayá en Chocó.
Este contrato fue suscrito en 2021, a través del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico, como parte del subprograma para contribuir a la energización rural sostenible. Sin embargo, pasados 4 años desde su suscripción y vencido su plazo contractual no se ejecutó a cabalidad.
La Contraloría evidenció la inoperancia de los sistemas fotovoltaicos, la ausencia de equipos de telemetría, la reducción injustificada de beneficiarios, y la falta de aplicación de sanciones y garantías. A la fecha, ninguno de los equipos fotovoltaicos se encuentra instalado de forma completa y no es posible que los equipos sean entregados al operador, pues el plazo de ejecución del contrato ya se encuentra vencido.
De manera general, la Contraloría identificó debilidades en la etapa de planeación de desencadenó fallas en la fijación del valor de los contratos, replanteo de las obras a ejecutar, pago de ítems sin recibir contraprestación alguna, vencimiento de plazos contractuales sin ejecución completa, gastos de administración desproporcionados, disminución en el alcance de las obras y la cobertura de los proyectos.
Además, se evidenciaron debilidades en la interventoría y supervisión que conllevaron a pago de obras sin ejecutar, valores superiores a las obras realmente ejecutadas, incumplimiento de objetos contractuales, fallas en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, respecto a la ejecución contractual, gastos de administración desproporcionados y objetos contractuales que no prestan beneficio alguno.