La reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional sufrió un revés definitivo este martes luego de que la Comisión IV del Senado rechazara la ponencia positiva del proyecto, decisión que equivale a su archivo inmediato. El Gobierno buscaba recaudar cerca de $16 billones para cubrir el déficit del Presupuesto General, que asciende a $546,9 billones y permanece desfinanciado.
A pesar de las estrategias de diálogo, la presión política y las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre la posibilidad de decretar una emergencia económica, nueve senadores votaron en contra de la iniciativa en la tercera sesión convocada para su discusión. Con esto, el oficialismo perdió su principal apuesta fiscal del año.
El presidente Petro calificó la decisión como “predecible”, pero advirtió que abre la puerta a “consecuencias imprevisibles”. En su cuenta de X señaló que, en un contexto de déficit, es necesario obtener más recursos de sectores con mayores utilidades y cuestionó el papel del Banco de la República. El mandatario también anunció que adoptará medidas para proteger a la población vulnerable, mientras en el Congreso crece la tensión ante la posibilidad de un decreto de emergencia económica.
La percepción en el Capitolio es de victoria para la oposición, mientras el Ejecutivo evalúa pronunciamientos y eventuales medidas extraordinarias que ya enfrentan resistencia. Voces de distintos partidos han anunciado que demandarán ante la Corte Constitucional cualquier estado de excepción que consideren injustificado.
El trasfondo político también pesa: la relación entre el Gobierno y el Congreso se ha deteriorado de manera profunda. Aunque el Presupuesto General de 2026 logró aprobarse, otras iniciativas clave se encuentran estancadas: la reforma a la salud no avanza en la Comisión Séptima, la reforma para preservar el Ministerio de la Igualdad continúa aplazada y la Jurisdicción Agraria sigue sin destrabarse.
En contraste, las comisiones económicas de la Cámara actuaron en defensa del proyecto tributario, respaldando las ponencias positivas e incluso rompiendo el quórum en dos ocasiones para ganar tiempo para la negociación. Sin embargo, en el Senado la resistencia prevaleció. De acuerdo con el senador Efraín Cepeda, una de las figuras que impulsó el archivo, la reforma “golpeaba a las clases bajas y medias”, y aseguró que la bancada conservadora no cambiaría su voto pese a la presión política.
El Ejecutivo solo logró que un senador, Jairo Castellanos (ASI), modificara su posición. Ante la falta de apoyos, Petro insistió en que podría recurrir a una emergencia económica para asegurar recursos fiscales, lo que ha sido interpretado por la oposición como una amenaza institucional.
Desde el Gobierno, este nuevo revés se suma —según su narrativa— al “bloqueo institucional” que, afirman, obstaculiza su agenda desde la caída de la primera reforma a la salud, el Presupuesto de 2025 expedido por decreto y la reforma tributaria anterior.
En respuesta, varios congresistas ya se coordinan para enfrentar cualquier medida extraordinaria. La senadora Angélica Lozano advirtió que la negativa del Congreso a un proyecto del Ejecutivo “no constituye un hecho sobreviniente ni imprevisible”, por lo que no justificaría un estado de emergencia económica.
El choque entre el Congreso y el Gobierno promete intensificarse en las próximas semanas. El oficialismo busca acelerar el trámite de sus reformas antes del 16 de diciembre, cuando el Legislativo inicia su receso y los congresistas se concentran en sus campañas para la reelección en 2026.